El pleno de las Cortes debatirá el próximo jueves una proposición no de ley de CHA para instar al Gobierno aragonés a que se adopten las medidas necesarias para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos de bebés robados, sin que el acceso a la justicia de todas las víctimas se vea indebidamente impedida.

"Los casos conocidos como los de 'los bebés robados' necesitan ya de una respuesta institucional, tanto de apoyo a las familias como de esclarecimiento de lo sucedido, dado que hay miles de personas afectadas en Aragón y en todo el Estado", subraya hoy en una nota de prensa el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz.

Por medio de esta iniciativa, CHA quiere que las Cortes manifiesten su solidaridad con todas las personas afectadas y el compromiso de apoyo a las víctimas de sustracción de menores y de personas que buscan su origen biológico o natural.

Otro de los puntos que incluye CHA en su proposición es reconocer que tan víctimas son los menores sometidos a desaparición forzada o entrega como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos, y que tienen por igual derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, del mismo modo que a la sociedad corresponde el derecho a conocer la verdad en su dimensión colectiva como forma de evitar que tales hechos aberrantes vuelvan a repetirse

Además, pretende recabar el apoyo de los grupos para instar al Gobierno de Aragón a que se emprendan las medidas necesarias para impulsar de verdad una investigación efectiva y real de todos los casos, y para poder garantizar el acceso de las víctimas, así como a las personas responsables de la investigación, a los archivos eclesiásticos y de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas encaminadas a la venta de seres humanos, así como a otros archivos y registros de las administraciones.

Asimismo, CHA defenderá instar al Gobierno de España a que, siguiendo el modelo puesto en marcha a mediados de los años 80 en Argentina, se impulse la creación de una "Comisión Española por el Derecho a la Identidad" que se ocupe del impulso de la investigación de las desapariciones infantiles en todo el Estado y en la que se garantice que tengan una participación efectiva y real las asociaciones de afectados de todo el país.

Finalmente, CHA reclamará al Gobierno de Aragón que desarrolle los mecanismos oportunos que permitan, dentro de las garantías constitucionales y legales establecidas, agilizar la práctica de las pruebas de ADN, así como la creación de un "banco público aragonés de ADN".

En su iniciativa, CHA recuerda que entre los años 1940 y 1990 se produjeron en varios lugares de España miles de "robos organizados" de recién nacidos, una "trama" en la que estuvieron presuntamente involucrados médicos, matronas, funcionarios del Estado y representantes de la Iglesia Católica, y que las personas afectadas podrían ser cerca de 300.000 en todo el país.