La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha abierto expedientes sancionadores contra una veintena de ayuntamientos del Pirineo aragonés por verter sus aguas residuales al dominio público hidráulico sin depurar.
La tramitación de estos expedientes ha sido vista con «preocupación y asombro» por los miembros de la ejecutiva de la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), que se reunieron en Huesca esta semana para acordar medidas contra las posibles sanciones anunciadas. Adelpa argumentó que la «responsabilidad legal» por la falta de depuradoras en el Pirineo es de la propia CHE y del Gobierno aragonés, por lo que «ellos son los que deben de asumir las sanciones», afirmó.
Desde Adelpa se considera «inaudito» el hecho de que sea el propio organismo de cuenca quien pretenda sancionar a los municipios del Pirineo cuando la construcción y financiación de las referidas depuradoras corresponde al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) al estar declaradas de interés general para el Estado.
Señalan los responsables de Adelpa que el Magrama, del que depende la CHE, encomendó la construcción de las depuradoras en el año 2008, con la firma de un convenio aún vigente que contempla la «consiguiente» financiación. Por esta razón, consideran que la responsabilidad de la actual situación es «absolutamente imputable a la misma administración que ahora pretende sancionar», así como a la administración autonómica, en virtud del compromiso adquirido para su construcción.
La comisión ejecutiva de Adelpa se dirigirá a ambas administraciones para que «clarifiquen» la situación originada entre ellas mismas, así como para solicitar el archivo de los expedientes sancionadores abiertos por la Confederación Hidrográfica.
La agrupación considera, además, que en el caso de tener que recurrir a una defensa jurídica contra las posibles sanciones acordadas o deber afrontar el pago de las mismas, los costes por ambos conceptos «deben de ser asumidos íntegramente por el Gobierno de Aragón».
