Los servicios prestados por el catedrático de Derecho del Trabajo, Juan García Blasco, como mediador de la huelga del bus siguen generando polémica. Después de que reclamara la friolera de 60.000 euros por su participación, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad siguen sin ponerse de acuerdo sobre la cantidad a abonar ni a quién se debe reclamar: si a la institución académica o al exdecano.

Desde el consistorio explicaron que es el propio García Blasco el que tiene que girar una factura detallada con los servicios prestados y la compensación económica correspondiente. En este caso, al tratarse de un ingreso extraordinario como persona física no podría rebasar una cantidad determinada que ni mucho menos estaría cerca de los 60.000 euros que reclama.

Sin embargo, tanto García Blasco como la universidad aseguran que, legalmente y al tener exclusividad, el proceso debe hacerse a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), al ser la gestiona la preparación de contratos y la emisora de las facturas correspondientes del personal académico. De hecho, el exdecano confirmó ayer que siguen esperando la hoja de encargo por parte del consistorio para poder formalizar el pago por el trabajo realizado.

Desde el ayuntamiento insisten en que en el contrato se realizó con García Blasco, no con la universidad, por lo que este proceso no debe hacerse a través de la OTRI. Es decir, que no tienen en mente enviar dicha hoja de encargo. De hecho, inicialmente el asunto se gestionó desde el área de Movilidad y ha pasado a ser competencia del departamento de Alcaldía.

Según explicaron desde Movilidad, la junta de portavoces decidió que un agente externo se encargara de mediar entre trabajadores y Autobuses Urbanos de Zaragoza, dejando a un lado de la negociación a los responsables de Servicios Públicos y Movilidad, Alberto Cubero y Teresa Artigas --que tuvieron que actuar en más de una ocasión-- de forma paralela a las continuas conversaciones que se desarrollaban día tras día durante cuatro meses en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

El catedrático se hizo cargo de la mediación del conflicto --que duró cuatro meses-- cuando se llevaban 118 días de huelga. Entonces, no hubo un acuerdo verbal previo sobre el coste del servicio.

DESMESURADA

La cifra de 60.000 euros cayó como un jarro de agua fría entre las parades del ayuntamiento. Entonces lo consideraron "desmesurado" y solicitaron que se desglosen todos los conceptos. El problema es a quién se lo piden: al exdecano o a la OTRI. Zaragoza en Común (ZeC) había insistido en que este conflicto no le costaría ni un euro a los ciudadanos, algo que, criticaron, sí que había sucedido durante el anterior gobierno socialistas.

García Blasco, que en su día admitió que la situación le "desagradaba" precisó que del total, solo unos 20.000 irían a su bolsillo. El resto serían, según explicó el excatedrático, para tasas y otros conceptos, que ingresaría directamente la Universidad de Zaragoza.