Benjamín Abello Sánchez se enfrentaba a 276 años de prisión por acosar nada menos que a casi una cuarentena de niños a través de las redes sociales. Esta mañana este gaditano se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza donde ha admitido los hechos y también una condena de 224 años de cárcel. Sin embargo, está cantidad tan alta no la cumplirá en prisión puesto que tal y como establece el Código Penal se le aplica el triple de la mayor de la pena impuesta por el delito más grave (5 años y medio) y por tanto, se le rebaja a un total de 16 años y medio.

Cuando la policía detuvo a este joven, de 31 anos, le encontró 5.000 fotografías y cerca de 150 vídeos.

Su actividad (más bien su última oleada, ya que contaba con antecedentes policiales) se descubrió a raíz de la denuncia de la familia de un joven zaragozano, al que llegó a intentar visitar para mantener un encuentro sexual, aunque afortunadamente le encontró de vacaciones. Le envió una fotografía de su casa, para demostrarle que estuvo allí, y el joven le contó a sus padres el acoso. La madre llegó a hablar con él para advertirle de que dejara en paz a su hijo, pero eso no le arredró para intentar volver a contactar con el menor, con otra identidad.

Benjamín Abello Sánchez utilizaba dos de estas para contactar con los menores: una de un joven nórdico, Vika, con la que era usuario de juegos por internet, en la Play Station 3, a través de los cuales contactaba con adolescentes y les derivaba a otras redes sociales como Instagram o Facebook. En ellas pedía a los chicos imágenes sexuales a cambio de recompensas en los juegos o dinero para pagarlos. En ocasiones les amenazaba con difundirlas, o con piratearles las cuentas, para que no dejaran de enviarle imágenes sexuales. También creó un grupo de WhatsApp, con hasta 87 usuarios, en el que entre conversaciones de videojuegos iba colando contenido pornográfico.

En su otra variante, se hacía pasar por una joven, Sara, con material pedófilo previamente conseguido, para pedir intercambios de fotos o vídeos a los jóvenes.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de Zaragoza investigó el caso hasta llegar a localizar y registrar su casa en la localidad gaditana de Puerto Real, donde hallaron abundantes vídeos e imágenes, muchos borrados. De su análisis concluyeron que había contactado y logrado material de «otros muchos» menores, en España y en el extranjero, pero solo han podido acreditar 34 durante el juicio.