Varios centenares de personas se manifestaron ayer por las calles de Alcañiz en contra de la privatización del futuro hospital de la ciudad. Los concentrados, de todas las fuerzas políticas salvo PP y PAR, denunciaron que la fórmula mixta que propone la DGA para la construcción del centro sanitario constituye un ataque en toda regla a la sanidad pública y dispara el coste del proyecto. El acto había sido convocado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y duró dos horas, de seis a ocho de la tarde.

En la marcha, que partió del hospital actual y recorrió la avenida de Aragón, terminó en la plaza de España, donde se leyó un manifiesto en el que se señaló que la fórmula propuesta por el Gobierno de Aragón supone que la obra tenga un coste de 451 millones, frente a los 95 millones que costaría si las administraciones públicas se hicieran cargo de su desarrollo y explotación.

Entre los asistentes figuraban dirigentes del PSOE, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos, así como líderes sindicales y miembros de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). "La marcha ha transcurrido en paz en todo momento", subrayó ayer Santiago Sedeño, coordinador de Chunta en el Bajo Aragón, que agregó que no se había registrado ningún incidente reseñable ni siquiera cuando los manifestantes pasaron ante las sedes del PP y el PAR en Alcañiz.

DURAS CRÍTICAS

Patricia Luquin, portavoz de IU en las Cortes, de Aragón, afirmó que la marcha constituye "un grito unánime contra una privatización encubierta"

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, manifestó, por su parte, que su partido intentará parar la "aberración" que el PP quiere llevar a cabo con la privatización del hospital de Alcañiz.

El parlamentario, en unas declaraciones difundidas por su partido, se cuestionó "por qué quieren dar tan rápido el hospital y a quién quieren beneficiar" a pocos meses de unas elecciones que podrían cambiar el Gobierno de Aragón.

No tiene, añadió, "ninguna explicación lógica salvo que quieran dejar para el futuro gobierno una losa de un sobrecoste económico brutal para los aragoneses y además una privatización que va a suponer una peor calidad de atención sanitaria a todos los bajoaragoneses".