Cinco funcionarios y exresponsables de la Consejería de Agricultura declararon ayer ante la jueza de instrucción de Caspe en relación con la supuesta realización de roturaciones ilegales en la finca de La Herradura, una isla del río Ebro que está protegida por distintas figuras legales por sus valores medioambientales y riqueza ornitológica. Entre ellos figuraba Mariano Ángel Sanagustín Sanz, antiguo director general de Agricultura.
Los funcionarios, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), fueron interrogados en relación con los permisos de roturación otorgados a la finca, propiedad de una sociedad. Según la acusación, que dirige acciones igualmente contra un exalcalde y un exresponsable de Urbanismo, los citados pudieron incurrir en un delito ecológico.
Sin embargo, en algunos casos, la línea adoptada por la defensa fue que, caso de existir una irregularidad punible, esta ha prescrito debido a que los hechos se remontan al año 2002. Asimismo, argumentó que determinadas roturaciones no son incompatibles con la normativa medioambiental.
En el caso aparecen como imputados distintos miembros o antiguos integrantes de la corporación de Caspe, pues según la acusación pudo haber connivencia de la Administración local a la hora de otorgar los permisos de roturación y de edificación.
"Es un caso muy complejo", señaló uno de los funcionarios que declararon ayer. "Tanto", ironizó, "que después de tanto tiempo ni siquiera sabemos de qué nos acusan".
