El sindicato CSI-F ha exigido hoy al Gobierno de Aragón que se deje de cobrar a los funcionarios de las zonas rurales por la atención sanitaria, que se devuelva de forma inmediata a mutualistas lo que ya hayan pagado y que se llegue a un acuerdo en el convenio colectivo cuanto antes.
Para este sindicato resulta "intolerable" que el Ejecutivo autonómico perjudique a sus propios trabajadores para ganar fuerza frente a las mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) en la negociación del convenio para la cobertura sanitaria y la protección social de los trabajadores y sus familias, ha informado el CSI-F en una nota de prensa.
Desde el sindicato entienden que el desacuerdo es de índole económica y aseguran que el Gobierno de Aragón ha decidido anteponer lo que recaude con la facturación de la atención sanitaria a los funcionarios y familiares del medio rural, en torno a 18.000 personas, a su propia responsabilidad de prestar una adecuada cobertura.
No obstante, el problema se extiende, según el CSI-F, a los pensionistas que pasan largas temporadas en su localidad de origen o a los funcionarios que se desplazan a sus pueblos en vacaciones; es decir, para este sindicato la situación puede afectar potencialmente a la totalidad de los funcionarios aragoneses y familiares.
El sindicato ha concluido el comunicado afirmando que los funcionarios "no deben ser quienes paguen los platos rotos de la incapacidad de llegar a acuerdos en la negociación de este convenio".
CSI·F ya denunció el pasado lunes que los casi 18.000 empleados públicos del medio rural aragonés tienen que pagar desde el 1 de enero de forma anticipada su atención sanitaria en los centros de Salud, por lo que exigió al Gobierno de Aragón y a las mutuas que se pusieran de acuerdo para evitar este hecho.
Según informó el sindicato en un comunicado, se trata de empleados públicos acogidos al sistema de mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) que desarrollan su labor o que, circunstancialmente, precisan de atención sanitaria lejos de los grandes centros urbanos.
