La solución que el Gobierno de Aragón ha encontrado para descongestionar los quirófanos aragoneses, derivar a los pacientes a clínicas privadas, se pondrá en práctica en diez días. En concreto, 1.500 pacientes serán citados. Y ocurre en un clima tenso ya que los sindicatos y Marea Blanca critican que se invierta en los centros privados y no en los públicos siendo, precisamente, dinero que es público. El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, aseguró ayer que ya se ha realizado la asignación económica a cada uno de los centros a los que se derivarán los pacientes por lo que, en dos semanas comenzarán a operar. Pero no serán diez días reales ya que, como explicó Oliván, las clínicas tienen que realizar el preoperatorio de las intervenciones así que las operaciones se retrasaran unos días, más o menos dependiendo del centro. Para que el sector privado se encargue de las operaciones, tras el cierre de los quirófanos del servicio público por las tardes, el Ejecutivo autonómico ha desviado 1,5 millones de euros para este plan de choque.
El Gobierno solamente ha tratado de aliviar las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, pero no ha tenido en cuenta las demoras en las citaciones o en los diagnósticos. El personal sanitario del hospital Miguel Servet denunció que, en concreto, las pruebas de sueño para poner fin a la apnea tarda entre dos y tres años algo que, lamentaron, ya pasaba cuando gobernaba el PSOE.
