La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cuestiona la eficiencia económica de la propuesta de Orden presentada por el Gobierno para incentivar el uso de carbón nacional para generar electricidad y advierte de que Bruselas podría considerarlo ayudas de estado incompatibles con la normativa.
El organismo supervisor ha publicado hoy su informe sobre la propuesta de Orden del Ministerio de Industria que establece el pago de una retribución (ayuda pública) a las centrales que usen carbón nacional a cambio de que realicen una serie de inversiones en mejoras medioambientales.
El objetivo de la medida es regular un mecanismo basado en pagos por capacidad que permita la continuidad de la producción de electricidad a partir de carbón autóctono como soporte estratégico relevante para la seguridad de suministro en el sistema eléctrico español, recuerda la CNMC en un comunicado.
La CNMC cuestiona la medida por considerar que algunos de sus aspectos, "además de no estar suficientemente justificados en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, no pueden considerarse como mecanismos de capacidad ni ayudas medioambientales".
Además, entiende que el mecanismo de capacidad debería orientarse a resolver un problema de cobertura de la demanda o de disponibilidad de potencia suficiente firme y flexible en el medio o largo plazo, hechos que no se justifican en el proyecto.
"Un mecanismo de capacidad no debe estar orientado a garantizar la disponibilidad de un recurso gestionable autóctono, como es el caso del carbón", según la misma fuente, que subraya la necesidad de asegurar que el sistema no altere los precios en el mercado libre.
El organismo advierte de que no se justifican suficientemente las ayudas a unas centrales de carbón autóctono que podrían desplazar al despacho de centrales más eficientes desde un punto de vista medioambiental, como son las de ciclos combinados.
Estas ayudas, añade la CNMC, deberían adecuarse a lo establecido en las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, que prohíben la discriminación entre tecnologías.
En su opinión, el nuevo esquema de ayudas a las instalaciones eléctricas podría considerarse una extensión del anterior mecanismo de restricciones por garantía de suministro del año 2010, que la CNMC concluyó que "introducía graves distorsiones en el mercado eléctrico".
En su momento, la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) manifestó la conveniencia de suprimir dicho mecanismo y cifró el sobrecoste para el consumidor en 400 millones de euros anuales.
Por otra parte, advierte de que no puede descartarse que el esquema de ayudas proyectado reúna los elementos para ser considerada ayuda de Estado incompatibles con la normativa de la Unión Europea, por lo que recomienda al Gobierno que si no se replantea el mecanismo lo notifique a la Comisión Europea y suspenda su ejecución hasta que ésta remita su autorización.
