El Consejo de Cooperación Comarcal, órgano consultivo, deliberante y de coordinación entre el Gobierno de Aragón y estas entidades supramunicipales, mostró ayer su visto bueno al anteproyecto de ley de la Comarca Central que reculará a los municipios del entorno de Zaragoza.
Se trata de un nuevo avance en la tramitación administrativa del anteproyecto dentro del actual periodo de información pública, que comenzó a mediados de febrero y que está previsto concluir a mediados de junio, con la intención de que una vez el texto legal cuente con todos los informes necesarios vuelva al Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión a las Cortes de Aragón.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, reconoció que la legislación establece un periodo de cuatro meses de alegaciones, así que la idea es que pueda llegar a mediados de junio.
El socialista destacó que había una institución «clave», que es el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya aprobó sus alegaciones, dado que la continuidad territorial era condición «indispensable» para que la comarca fuera una realidad.
Esta ha sido la «gran dificultad», reconoció, pero finalmente se llegó a un arreglo mediante el cual Zaragoza aporta el territorio, pero no hará ninguna aportación económica a la nueva comarca, algo que consideró «muy razonable». No obstante, sí que está la puerta abierta a la prestación de servicios vía conciertos o convenios.
Guillén indicó que todos los ayuntamientos de la zona, gobernados por diferentes fuerzas políticas, han aceptado el texto legal, con lo que «no debe de haber ningún problema» y «sin ninguna duda» la llamada comarca 33 será una realidad antes del fin de la legislatura, aunque ello está en manos de las Cortes.
Esta nueva delimitación que servirá para cerrar el mapa administrativo está integrada por 21 municipios.
