El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sirvió para escuchar, aparte del debate político, todos los argumentos que esgrimen los colectivos que son críticos con la implantación del outlet de Pikolín. Tomaron la palabra representantes de los vecinos, los comerciantes, los ecologistas y los sindicatos para mostrar su rechazo a la aprobación del plan especial que permitirá su implantación en los suelos de la carretera de Logroño.

Incluida la principal federación de comerciantes de Zaragoza, Ecos, que llegó a calificarlo como uno más de esos «grandes contenedores de consumo que concentran la oferta en un oligopolio comercial». Su presidente, José Antonio Pueyo, pidió la retirada del expediente y que la DGA no le conceda la licencia comercial por no ser «ni oportuno ni procedente».

Gerardo Montori, de CCOO, destacó que «por cada dos puestos de trabajo destruirán tres» y que no quieren que «Zaragoza se convierta en la ciudad de los centros comerciales vacíos». José Carlos Monteagudo, de la FABZ, subrayó que «una ciudad donde hay escaparates abiertos y luces encendidas es más ciudadana y segura». María Pilar Lahuerta, de la asociación de comerciantes de San José, destacó el logro de que «el pequeño comercio y el movimiento vecinal se han unido» en este rechazo común, pero lamentó que «los mismo motivos a la moratoria a los centros comerciales de hace 20 años no hayan servido ahora».

Miguel Ángel Lezcano, de Greenpeace, lamentó que hace un mes el consistorio apoyara tomar medidas contra la contaminación y ayer se convirtiera en «cómplice del cambio climático». Y la asociación Escuela y Despensa lamentó este «despropósito inversor» por un proyecto que «destruirá unos 2.500 puestos de trabajo» en la ciudad. Solo el PAR defendió al outlet.