El comité de empresa de Auzsa, concesionaria del transporte público de Zaragoza, han denunciado que la compañía mantiene en servicio trece autobuses y un microbús para el transporte de minusválidos que ya han cumplido los 16 años, lo que incumple el pliego de condiciones de la concesión.

En un comunicado, el presidente del comité de empresa, Javier Anadón, explica que dos de esos vehículos cumplieron la fecha límite para prestar servicio en octubre de 2014 y el resto a lo largo de este mes de marzo.

Además, informa de que otros ocho autobuses que han cumplido esta edad siguen aparcados en cocheras.

Según Anadón, dichos vehículos deberían haber sido sustituidos por otros autobuses articulados nuevos, con lo que se incumple el pliego de condiciones, en el que se especificaba que la vida de los autobuses, para prestar servicio, en la nueva concesión, sería de 16 años como máximo.

Por ello, los representantes de los trabajadores han instado al área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza para que exija a Auzsa la renovación de esos vehículos.

Por otro lado, el comité informa de la denuncia impuesta ante la inspección de trabajo por el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en materia de realización de horas extras, ya que 154 trabajadores han sobrepasado las 80 horas permitidas al año.

Para el comité es "una auténtica barbaridad que se le siga permitiendo a Auzsa este tipo de hechos sin ser sancionada con lo máximo que permite la Ley en un momento tan alto de trabajadores y trabajadoras en desempleo".

También denuncian el aumento de los expedientes disciplinarios por parte de la empresa que en menos de un mes han abierto catorce expedientes algunos de ellos con sanciones de hasta 35 días de suspensión de empleo y sueldo.

Los trabajadores han elaborado además una nueva propuesta para la negociación del convenio colectivo que se entregará a la empresa el próximo lunes día 30, con el ánimo de acercar posturas y desbloquear la actitud de la empresa, que, aseguran, pretende mantener este año el laudo que se les impuso a los empleados en octubre de 2013, que suponía congelación del salario y la generación de nuevos trienios de antigüedad.

El comité ha convocado para el próximo 9 de abril una asamblea general y una concentración y ha acordado mantener reuniones de la plataforma de las contratas municipales y elaborar un calendario conjunto de movilizaciones ante los despidos y sanciones que se están aplicando en otras subcontratas.