El grupo provincial En Común en la Diputación de Zaragoza presentará hoy en el Pleno una moción para apoyar públicamente la jornada de huelga general educativa de mañana jueves, 9 de marzo, y exigir al Gobierno central y al aragonés la derogación de la Lomce.

Reclama en el texto también la reversión de los recortes y el incremento presupuestario educativo y un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, según ha indicado el grupo provincial en un comunicado, en el que insta también al Gobierno central a impulsar un pacto educativo consensuado con todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa.

Su portavoz, José Ángel Miramón, denuncia las políticas realizadas por los gobiernos del PP en materia educativa que "han provocado un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando hasta y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos".

Un proceso, ha agregado, que también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido "un 66 % de media".

Otra de las mociones que defenderá hoy En Común es una propuesta presentada de forma conjunta con PSOE y CHA en la que emplazan a la Diputación a que reitere su compromiso en la aplicación del principio de transversalidad de género en todas sus políticas, disponiendo para ello de todos los medios necesarios entre los que se encuentran el aumento de los presupuestos dedicados a las políticas de igualdad y contra la violencia machista.

La propuesta incluye otros tres puntos en los que instan a la institución a comprometerse en alcanzar un acuerdo institucional para que la igualdad sea un principio de actuación en todas las políticas públicas y un objetivo irrenunciable en su desarrollo.

Y a impulsar las propuestas del Consejo Sectorial de la Mujer de DPZ y contar, especialmente, con la participación de las mujeres para que las decisiones que se adopten desde el ámbito institucional tengan el consenso de sus organizaciones y del movimiento feminista como interlocutoras cualificadas en el conjunto de las políticas públicas.