El centro de Huesca fue ayer escenario de una concentración en contra del cierre del cuartel Sancho Ramírez, una instalación del Ejército de Tierra que, según los planes de Defensa, en el 2016 se habrá traslado ya por completo a Zaragoza.
Tras la manifestación, en la que estuvo presente la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, y representantes de todas las fuerzas políticas, los congregados entregaron en la subdelegación del Gobierno 13.200 firmas de vecinos oscenses que muestran así su oposición al cierre del acuartelamiento.
En la concentración se leyó un manifiesto en el que las asociaciones de comerciantes cifran en ocho millones el impacto económico negativo que sufrirá Huesca si se pierde el cuartel, que da empleo directo a 250 personas pero genera un gran movimiento en gran número de gremios de la ciudad, en particular los relacionados con la alimentación, los servicios y las labores de mantenimiento.
Patricia Novo, que encabeza la plataforma de oposición al cierre de la instalación, señaló a los periodistas que el próximo 9 de mayo se llevará a cabo otro acto de protesta. Los afectados, entre los que figuran asimismo funcionarios civiles, se echaron a la calle desde el primer momento, ya el pasado mes de febrero, cuando iniciaron la recogida de firmas.
Según datos facilitados por el Ministerio de Defensa, el cierre del Sancho Ramírez supondrá un ahorro anual de 700.000 euros al Gobierno central, una cifra que los perjudicados consideran irrisoria respecto a la pérdida de ingresos millonaria que registrará la capital oscense con la clausura.
