Los centros, profesores y familias de la enseñanza concertada han anunciado hoy que se reservan el ejercicio de adoptar todas las medidas legales oportunas en defensa de sus derechos y contra la "agresión sin precedentes" que supone el cierre de aulas concertadas en la comunidad.

Miembros de las organizaciones Escuelas Católicas de Aragón, Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-Aragón), Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (Fsie) y USO han comparecido hoy en rueda de prensa para explicar la convocatoria de una manifestación por la defensa de la libertad de elección de centros educativos que se celebrará mañana en Zaragoza.

Los convocantes aseguran que con los datos de escolarización del curso actual "no existe ninguna razón objetiva" para no renovar los conciertos en el primer curso de educación infantil "en el mismo número en el que actualmente están vigentes".

Y estiman que cualquier propuesta de cierre, como la que contiene el pacto al que han llegado PSOE y Podemos en la comunidad para aprobar los presupuestos de 2017 y que prevé no renovar los conciertos de hasta 28 aulas en Aragón, obedece a principios "estrictamente políticos", contrarios a la legalidad y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por eso, ante esta "agresión sin precedentes" a la escuela concertada y por haber modificado las reglas del juego y privar a las familias del ejercicio de su derecho a la libertad de enseñanza, las organizaciones convocantes anuncian que adoptarán todas las medidas legales oportunas.

El próximo miércoles, ha explicado José Luis Sampériz, de CECE, está convocada una reunión de la comisión de conciertos, tras la que previsiblemente se informará a los centros del número de aulas de primero de infantil adjudicadas, tras lo que se abrirá un plazo de diez días para la presentación de alegaciones.

La escuela concertada ha alertado de la posibilidad de que este proceso se solape con el de escolarización, que comienza el 19 de abril, y que genere inquietud en las familias que deseen para sus hijos un colegio concertado.

La comunicación oficial del número de aulas concertadas adjudicadas debería haberse realizado a finales de febrero, según ha dicho Sampériz.

Con la manifestación, además, la escuela concertada quiere llamar la atención sobre la "complementariedad" de las dos redes y sobre el derecho a elegir conforme a lo dispuesto en la Constitución Española, que corresponde a las familias "y no a los poderes públicos".

De hecho, añaden, sin la escuela concertada los ciudadanos solo contarían con un modelo único educativo, "sin posibilidad de elección".

Sampériz ha recordado que los colegios que optaban a renovar conciertos en el proceso que se abre ahora (y que tiene lugar cada seis años) ya firmaron en enero unos anexos a su solicitud para garantizar que la enseñanza que prestan es totalmente gratuita y que atienen de forma adecuada a los requerimientos de distribución equitativa del alumnado con necesidades especiales.

De hecho, ha asegurado que los datos hechos públicos recientemente por el sindicato CGT al respeto no son ciertos, y ha emplazado al servicio de inspección educativa a hacer públicas las cifras verdaderas y a constituir una comisión para garantizar una distribución equitativa.

Los centros concertados, en este sentido, se enorgullecen de apostar "por una escuela inclusiva, siguiendo la misma normativa de admisión de alumnos que los centros públicos", y se considera "pionera" en la atención a la diversidad, realizándola por otro lado con una "evidente insuficiencia de medios".

La manifestación de mañana partirá a las 18.30 horas de la plaza de Aragón y llegará hasta el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, ante el que se leerá un manifiesto.