La enseñanza concertada aragonesa saldrá a la calle el próximo 4 de abril para exigir el mantenimiento de las aulas concertadas en la comunidad en el proceso de renovación que se resolverá el próximo mes. Lo hará a través de una manifestación que partirá, a las 18.30 horas, de la plaza Aragón de la capital aragonesa y que culminará en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, donde se leerá un comunicado.

La medida fue adoptada ayer tras una reunión a media tarde que, pese a las reticencias iniciales de algún colectivo, deparó la convocatoria conjunta por parte de patronal - CECE y Escuelas Católicas de Aragón-, sindicatos -FSIE y USO- y padres de alumnos -Fecaparagón-, «como entidades más representativas de la escuela concertada, que agrupan en Aragón a más de 100 colegios, 53.000 alumnos y 4.500 trabajadores».

Además de la manifestación, «en defensa de la libertad de elección de centro educativo», en los próximos días se producirán más movilizaciones, como la que tendrá lugar en el colegio Santo Domingo de Silos, en el barrio de Las Fuentes, que, según FSIE, sería uno de los centros afectados por el cierre de un total de nueve aulas en los colegios zaragozanos. Allí, la asociación de padres de alumnos ha programado concentraciones el lunes, martes y miércoles de la próxima semana y también el comité de empresa ha convocado una de quince minutos el lunes 27.

HABRÁ MÁS

Pero todo apunta a que no serán los únicos actos de protesta organizados por la concertada. Otros centros con aulas en riesgo de no ser renovadas ya han mostrado su intención de salir a la calle y llegar hasta las últimas instancias para mostrar su indignación por el posible cierre. Es el caso del Virgen de Guadalupe, que podría perder el concierto de su única aula. Las familias, como en otros centros, ya han amenazado con llevar el posible cierre a los tribunales.

Escuelas Católicas de Aragón también ha salido al paso en las últimas horas de las acusaciones vertidas desde el sindicato CGT, que señala a la concertada por «segregar» al alumnado al no acoger, en la mayoría de sus centros, a alumnos con necesidades educativas especiales o hacerlo en un porcentaje mínimo. «Los datos con los que se elaboró ese informe no responden a la realidad actual e Inspección Educativa tiene conocimiento de los reales y para nada responde a lo manifestado por CGT», indicó la patronal.

En este sentido, asegura que «actualmente la escuela concertada escolariza al 30% de los alumnos de la comunidad autónoma de Aragón, «atendiendo a casi el 25% de alumnos con necesidades especiales con el 18% del presupuesto que se destina a la enseñanza no universitaria».