El Grupo contra los Conciertos, formado por los partidos CHA e IU y los sindicatos STEA y CGT, denunciaron ayer ante la Fiscalía de Aragón posibles irregularidades en la concesión del futuro colegio concertado en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva a una empresa investigada en el marco de la trama Púnica.
En la denuncia, los colectivos ven indicios de cohecho, falsificación de documentos públicos y malversación de fondos en la aprobación definitiva del concierto con el centro internacional Ánfora.
María José Chinchilla, asesora jurídica de dicha plataforma, afirmó que, aunque su objetivo simplemente se basaba en controlar la legalidad del concierto, en la investigación que han realizado han observado "evidencias tan manifiestas" de irregularidades que se han visto en la "obligación constitucional" de poner estos hechos en manos de la Fiscalía.
Así, ayer presentaron la denuncia en Aragón y también tienen planeado remitir una copia a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, ya que entienden que se ha seguido "el mismo modus operandi" que en otras localidades afectadas por la trama Púnica, "a fin de que se abran diligencias a la mayor brevedad".
SIN NOMBRES
Chinchilla no quiso, de momento, dar nombres de personas concretas a las que acusan, pero esbozó que las actuaciones se dirigen contra el Gobierno de Aragón, ahora en funciones, un concejal del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y la empresa concesionaria del concierto educativo establecido en la localidad zaragozana.
La presunta relación con la trama Púnica vendría por la empresa a la que le fue concedido este concierto, Ánfora Sociedad Cooperativa, que según la abogada comparte "el mismo domicilio social" que Alfedel, compañía investigada en esta operación anticorrupción, así como dos de sus cargos directivos imputados en este caso y una tercera que es hermana de otro imputado en esta misma trama.
Además de este "posible desvío de fondos públicos", indicó que les preocupa la "inseguridad en el tráfico mercantil" que propicia esta promotora.
Del mismo modo, Chinchilla aseguró que el nombre con el que actúa en este momento Sociedad Cooperativa Aragonesa "no está debidamente inscrito" en el Registro de Cooperativas y que no consta ningún traslado de expediente desde Madrid, lo que consideró que se ha hecho para "disfrazar el nombre de las personas que están detrás", afirmó.
En otros casos similares, continuó, Alfedel interviene en los procesos de adjudicación con "intermediarios en los ayuntamientos" y "consiguiendo las gestiones" también en niveles de los departamentos de Educación.
