Miguel Ángel Antorán Lasierra volvió ayer a tener que responder ante la Justicia sobre las irregularidades cometidas entre los años 2013 y 2015 como administrador de fincas. Ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, este hombre admitió haber estafado a un incapacitado y devolvió parte del dinero, casi 53.000 euros.
Ante la reparación del daño, la Fiscalía decidió rebajarle la pena de cinco años de prisión que solicitaba inicialmente para él por otra de tres años y medio que Antorán Lasierra aceptó.
Por tanto, reconoció que cuando era administrador de varias comunidades tuvo conocimiento de que el propietario de una vivienda -actualmente fallecido- había sido declarado legalmente incapaz, siendo asumida su tutela por el Gobierno de Aragón. Ante dicha circunstancia y que se había tramitado por la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón la venta de su inmueble, durante tres años y sin que nadie le autorizara, realizó una serie de transferencias y disposiciones en efectivo por distintos importes. Llegó incluso a cargar recibos, algunos de las comunidades que administraba, otros a su nombre y también al de la empresa Sya Servicios Profesionales. En total, consiguió disponer de 53.330,77 euros. Una cantidad que, tal y como admitió el ministerio público, ha sido finalmente reintegrada mediante devoluciones de recibo, quedando pendiente de satisfacer 575 euros. La hermana de la víctima, que ejercía de acusación, también estuvo conforme con el acuerdo entre las partes.
EN LA CÁRCEL
Este zaragozano permanece actualmente en el centro penitenciario de Zuera, donde cumple condena por una apropiación indebida. Miguel Ángel Antorán Lasierra fue juzgado en el 2014 por cooperar con Luis Ramón Armendáriz Niño, que en aquel momento era presidente de una comunidad de propietarios, por quedarse 102.136 euros. En aquel momento, la Audiencia Provincial de Zaragoza le impuso un año de pena privativa de libertad.
La mujer del expresidente de la comunidad fue declarada responsable civil, ya que su exmarido usó 15.000 euros para hacer obras en el chalet que compartían en la exclusiva urbanización de Las Lomas del Gállego (Zuera).
