El magistrado del Juzgado de lo Penal de Huesca ha condenado a dos años de prisión por estafa a Vicente S. I., que estos días se enfrenta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza a peticiones de condena de hasta doce años de cárcel como presunto responsable --junto con un exempleado-- de un timo de más de tres millones de euros con la venta de viviendas de la urbanización Entre Pinos, de Villanúa.

La sentencia, fechada esta misma semana, declara probado que Vicente S. I. vendió a un matrimonio --defendido por el abogado zaragozano Carlos Moreno-- uno de los apartamentos de la urbanización como libre de cargas cuando sabía que estaba embargado. Las víctimas llegaron a pagar 39.095 euros de los 84.142 más IVA por los que cerraron el trato, además de una señal de 12.000 euros en negro que se quedó el agente inmobiliario Fernando M. B.

SEÑAL Y DEUDA Firmaron el contrato privado de compraventa el 4 de marzo del 2002. Dieciséis meses más tarde, en julio del 2003, un juzgado de Palencia adjudicaba el piso a la sociedad Interbona SL.

El promotor, que dirigía la empresa Covington, endosó a la empresa del intermediario el cheque de 24.040 euros y la letra de cambio de 15.055 con la que los compradores estafados habían comenzado a pagar el apartamento. Es decir, que todo el dinero que desembolsaron las víctimas acabó en manos del agente inmobiliario.

Sin embargo --los denunciantes pedían cuatro años de prisión para él-- el juez lo absuelve al considerar que ni sabía ni tenía por qué saber que el piso había sido embargado y le exime de devolver un euro: no cometió una estafa, los 12.000 euros eran una señal de compra --con independencia de que la operación resultara fraudulenta-- y los efectos bancarios se los entregó Vicente S. I. y no los denunciantes, a los que el promotor deberá indemnizar con 39.095 euros.

El magistrado, que reconoce la existencia de dilaciones indebidas porque pasaron más de dos años desde que el instructor transformó las diligencias en procedimiento abreviado y la fecha en la que decretó la apertura del juicio oral, aplica a Vicente S. I. la agravante de reincidencia, ya que sobre él pesan dos condenas firmes: una por alzamiento de bienes emitida en el 2005 por un juzgado de la capital de España y otra por estafa que le impuso el Juzgado de lo Penal de Huesca en el 2006.