La fijación de caudales anuales de agua se ha convertido en un conflicto político entre Aragón y Cataluña. La comunidad aragonesa ya ha anunciado que recurrirá la planificación hidrológica de la Generalitat por asumir competencias que no le corresponden y romper así la unidad de cuenca. La DGA ha solicitado información de determinadas conducciones por si esconden un trasvase.