Las dos congregaciones que según la investigación del caso del cura de Borja fueron víctimas de la apropiación indebida de mosén Florencio no ejercerán como acusación particular. Así se lo comunicaron las religiosas concepcionistas y las clarisas a la jueza instructora de Tarazona, Nieves Pérez.
La magistrada citó a declarar a las responsables de ambas órdenes el pasado mes de diciembre para plantearles la posibilidad de tomar acciones legales contra el sacerdote que dirigió la Iglesia en Borja. Sin embargo, han tomado la misma posición que ya decidió el Obispado de Tarazona que consideró que, a pesar de que faltan 185.000 euros de las cuentas parroquiales, no se sentía perjudicado. Entendían que Florencio Garcés actuó de forma caritativa, y no extorsionado por el clan Zapato Veloz.
Con este movimiento de la curia turiasonense, la magistrada está a la espera de una respuesta de la Santa Sede para saber si algún representante de la Iglesia se personará. En verano se dirigió al propio Papa Francisco para explicarle la investigación realizada por la Guardia Civil, en la que se señala que el que fue cura de Borja --abandonó el cargo tras el escándalo-- realizó una importante descapitalización de las cuentas parroquiales y que también retuvo como albacea el 10% de una herencia de 601.012,10 euros.
De hecho, es por esto último por lo que la instructora llamó a las religiosas. Según las pesquisas, dejaron de ingresar 12.000 euros el seminario mayor de la Diócesis de Tarazona, 6.000 euros las religiosas Concepcionistas y otros 6.000 las Clarisas.
En un primer momento hubo un movimiento de similares características con respecto a la Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus --que administra el Ecce Homo--, si bien los 12.000 euros que le correspondían fueron abonados meses después.
No todo fueron incumplimientos de las últimas voluntades por parte de Florencio Garcés de las ancianas Benita y Amparo Zueco Alda, ya que sí entregó el dinero a la parroquia que él administraba y a Cáritas.
El papel del Vaticano en este caso será clave para que siga la investigación o se archive tal y como defienden los abogados del religioso, Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres, quienes aseguran que el Estado no tiene competencia en un tema interno de la Iglesia católica.
DOS DELITOS
Aún en el caso de que se viniera abajo la imputación por el principal de los delitos que investiga la magistrada, el presunto alzamiento de bienes por los 180.000 euros desaparecidos de la parroquia, a mosén Florencio le quedaría pendiente otra imputación por falsedad documental.
La jueza se lo atribuye después de que las pruebas caligráficas corroboraran que, como sospechaba la Guardia Civil, firmó un documento aparentemente falso en el que basó una de sus denuncias contra uno de los componentes del clan Zapato Veloz.
La Guardia Civil se incautó en el registro de su vivienda de una especie de guión de las denuncias y justificaciones que posteriormente ofreció mosén Florencio a los agentes. Según relató, prestó dinero a uno de los componentes del clan Zapato Veloz, José Luis Carbonell, pero creía que este se lo devolvería. Principalmente porque había recibido un documento de Hacienda (aportó fotocopia) por el que le indicaban que el erario público tenía una deuda con Carbonell.
Las investigaciones probaron que este documento estaba firmado por una funcionaria que no existía, y fue enviado desde un fax de Tarazona. Los agentes tomaron muestras de caligrafía al párroco y el análisis pericial indicó que fue él quien firmó por la funcionaria ficticia.
Respecto a este delito, el párroco negó en su última declaración ser el autor de la firma. Aseguró que el documento se lo entregó a una persona para que este se lo llevase a José Luis Carbonell, para firmarlo. Lamentablemente no recordaba a quién se lo dio, porque por la parroquia "pasaba mucha gente".
Hasta el momento no han trascendido nuevas decisiones de la jueza sobre la imputación por falsedad.
