Conjura política para parar la centralización de la salud mental

Acudieron Lourdes Rubio (actual directora general de Calidad y Atención al Usuario del Departamento de Sanidad) en representación del PAR, Patricia Luquin (IU), Eduardo Alonso (PSOE), Carmen Martínez (CHA), Chema Elvira (Podemos) y Ángel Vicente (UPD). Solo faltó a la invitación el PP, que alegó problemas de agenda. Todos los asistentes se comprometieron a recoger en sus programas de gobierno para las elecciones autonómicas las demandas que la plataforma expresa en su documento: Por una atención de calidad y contra la discriminación de la salud mental en el Sistema de Salud de Aragón. En él se exige la retirada del proyecto de unificación de las unidades de los barrios.

SEVERAS CRÍTICAS

El acto volvió a poner de manifiesto la fuerte oposición a esta medida desde diversos ámbitos. Al rechazo expuesto en numerosas ocasiones por los afectados, colectivos sociales y los propios profesionales, se suma ahora una conjura política que reclama que estas unidades no se vean reducidas. Mientras, la DGA insiste en que las seis unidades de la zona II de Zaragoza se reducirán y que los pacientes de Torrero, Las Fuentes, Casco Viejo, Casablanca y San José serán trasladados a Sagasta y Valdespartera, en primera instancia, y posteriormente también a San José, pero no dice cuándo. De hecho, admite que quizá ya no le dé tiempo a hacerlo esta legislatura.

En el debate celebrado la pasada semana en el Centro de Historias de la capital aragonesa, la plataforma censuró que la Salud Mental "ha sido una de las asignaturas pendientes de la Sanidad en nuestra comunidad autónoma" y lamentó que los sucesivos gobiernos, "con variaciones", la han mantenido "en una situación de discriminación y marginación". El colectivo expuso que, en la actualidad, la red de servicios de Salud Mental es "claramente deficitaria" en todos sus ámbitos, "con escaso desarrollo de los recursos necesarios y, en ocasiones, desde un modelo de privatización-concertación, con reducciones presupuestarias drásticas que deterioran gravemente la asistencia". Todo ello incide, según la plataforma, de forma especialmente negativa en las personas que padecen Trastorno Mental Grave, "que deberían ser el objetivo prioritario de la atención".

Las críticas son especialmente ácidas hacia el actual Ejecutivo. "El Gobierno que ha dirigido la sanidad en los últimos 4 años ha profundizado en este modelo, reduciendo lo ya insuficiente, eliminando servicios públicos y recortando el presupuesto de las concertaciones, en el marco de una gestión caracterizada por la falta de respeto y las políticas de hechos consumados", resalta la plataforma, que, entre las "nefastas" acciones llevadas a cabo en los últimos tiempos, enumera "el silenciamiento y abandono de un Plan de Salud Mental, en cuya redacción trabajó un importante número de profesionales durante muchos meses" o "la negativa a abordar la publicación del decreto que regulaba los Servicios de Salud Mental, que contó con un amplio consenso entre las asociaciones de profesionales".

Asimismo, el colectivo se queja de la "modificación de la composición del Consejo Asesor en Salud Mental, que incluye en la actualidad una mayoría abrumadora de puestos de libre designación y anula, de hecho, su carácter consultivo", censura el cierre de la comunidad terapéutica El Frago, "con la consiguiente primacía de las entidades concertadas en el tratamiento de las adicciones y supresión de camas de ingreso para desintoxicación" y de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del hospital Provincial de Zaragoza, con reducción del número global de camas de hospitalización de agudos --las que iban a añadirse en la unidad de agudos del Servet acumulan años de demora--, además del "endurecimiento de las políticas de copago en rehabilitación y tolerancia de prácticas de copago ilegal".