El Gobierno de Zaragoza aprobó el pasado viernes invertir 20,4 millones de euros para adecentar la ciudad durante los próximos cuatro años. Después de que el Tribunal de Contratos tumbara la operación baldosas de Zaragoza en Común (ZeC) por limitarla a empresas de inserción social, restringiendo así la libre competencia, el equipo de Pedro Santisteve ha anunciado, en el ecuador de su mandato, que se pondrán manos a la obra para renovar el viario público de la ciudad.

El pasado viernes -no informaron hasta ayer del acuerdo- se aprobaron los pliegos de condiciones y la puesta en marcha del procedimiento de contratación del acuerdo marco de los servicios de conservación del viario público municipal. Aunque se desconocen los plazos de actuación, el importe total que se destinará asciende a 20,4 millones que se repartirán entre las tres zonas en las que se ha dividido la ciudad para iniciar esta macro operación. Cada una de ellas recibirá 6,8 millones.

Por un lado, se encuentra el lote 1 que incluye los distritos Casco Histórico, La Almozara, Actur, El Rabal y Santa Isabel y los barrios rurales de Juslibol, Alfocea, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, San Gregorio, Peñaflor, Montañana y Movera. El segundo está formado por de Las Fuentes, Centro, San José y Torrero, La Cartuja Baja, Torrecilla de Valmadrid y San José. Y el tercero y último incluye a Delicias, Universidad, Oliver-Valdefierro, Casablanca y Miralbueno, Venta del Olivar, Garrapinillos, Casetas y Villarrapa.

PRIMER ACUERDO / El primer paso que ha dado el Gobierno de la ciudad ha sido sacar a licitación un primer contrato por valor de 15,9 millones (IVA incluido), 5,3 por cada lote. Esta fase se destinará principalmente al arreglo de la pavimentación de las aceras, muchas de ellas en muy mal estado, y a la renovación de la red de abastecimiento de agua de la ciudad.

Según el informe aprobado por el Gobierno de Zaragoza, por su urgencia, extensión o tipología no puede ser realizado por las Brigadas Municipales del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

Desde el área de Urbanismo precisaron que se dará servicio «a buena parte de las solicitudes de mantenimiento y reparaciones en la vía pública». En los presupuestos participativos, varias fueron las propuestas vecinales que reclamaban la adecuación de calles, el rebaje de bordillos o el asfaltado de las calzadas.

El año pasado no se realizó una operación asfalto al uso, sino que el consistorio aprobó una extraordinaria presupuestada con un millón de euros -dos partidas de 500.000- para poder actuar en medio centenar de vías con medios propios, es decir, con las brigadas municipales.

Además de por una cuestión económica, no se hizo porque en el 2015, año electoral, se invirtieron 2,5 millones. Ese año, de enero a julio se actuó en más de 120 viales. En paralelo, el año pasado se destinaron 420.000 euros para rebajar 200 bordillos de 80 aceras de la ciudad. El ayuntamiento anunció hace pocos meses una novedosa operación baldosas por un importe de 4,5 millones. La diferencia de la propuesta de ZeC, tumbada ahora por el Tribunal de Contratos, radicaba en que debían ser empresas de inserción social o centros de especiales de empleo las que se encargaran de las actuaciones.

Una cláusula que fue recurrida y que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha anulado al considerar que restringe, «de forma indebida», la competencia de los principios rectores de la ley de Contratos Públicos, es decir, la libre concurrencia.