El Ayuntamiento de Zaragoza creará un grupo de trabajo para revisar los procedimientos de autorización de instalación y apertura de una carpa y analizar lo que se ha hecho desde el accidente de la Oktoberfest en las pasadas fiestas del Pilar. Así lo decidió ayer la junta extraordinaria de portavoces convocada, a la fuerza, por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, a la que no asistió.
La junta fue inicialmente solicitada por el PSOE aunque, tras la negativa del primer edil a convocarla, acabó convirtiéndose en una petición de la oposición en bloque. Así que a primera hora de la mañana de ayer, Santisteve notificaba a los grupos que se celebraría tras la junta ordinaria programada. A su fin, el alcalde negó que se tratase de una junta extraordinaria. «Se pidió una extraordinaria que no venía a cuento. Como ya había una ordinaria se ha integrado en el orden del día. No entiendo tanto alboroto», explicó después de ser preguntado sobre los motivos de su ausencia a la reunión, criticada desde el PSOE al considerarla una «falta de respeto». También se mostró «sorprendido» por la petición de dimisión del concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero.
INVESTIGACIÓN
Según Sanstisteve, la convocatoria no era necesaria porque «si durante estos meses no se ha hablado nada es porque la investigación sigue su curso». Sin embargo, desde los grupos de la oposición consideran necesario conocer las repercusiones que puede tener sobre el ayuntamiento que Cubero y el jefe de la Oficina Económica-Jurídica de Servicios Públicos, Enrique Asensio, estén citados a declarar por «un delito grave de lesiones por imprudencia». El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón explicó que se solicitó información sobre el devenir del procedimiento penal y las medidas adoptadas desde el accidente. «Algo ha sucedido que no dio las garantías necesarias y es dónde debemos centraros», señaló. El popular Jorge Azcón denunció que «lo más grave es que nadie se ha preocupado de tomar medidas» desde que se produjo el accidente en octubre.
Desde C’s, Sara Fernández indicó que las responsabilidades políticas se depurarán según avance el juicio y recalcó la necesidad de «reforzar» los mecanismos de control de las instalaciones. Por su parte, Carmelo Asensio, insistió en la «obligación» del ayuntamiento de poner todas las garantías para evitar que vuelva a repetirse el suceso. El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, explicó que será el tribunal el que determine si algún procedimiento fue incorrecto o si se debe modificar el proceso de evaluación. Informó de que la ley viene dictada desde el Gobierno de Aragón y que es esta administración el órgano competente para modificarlo.
