El Gobierno de Aragón acata la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en lo referido a la gestión autonómica de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro que el Estatuto de Autonomía garantiza a la comunidad y que ayer adelantó Heraldo de Aragón. Esta reserva, que de facto por el estado actual de la cuenca nunca puede ser superior a los 850 hectómetros cúbicos, ya fue recurrida en su día por otras instituciones, como el Gobierno de La Rioja, aunque entonces el tribunal no la suspendió.

La ley, que tiene su origen en una proposición de ley que presentó el PAR en febrero de 2014 (cuando gobernaba en coalición con el PP en Aragón), tenía el objetivo de desarrollar el Estatuto de Autonomía en lo que respecta a la gestión del agua, al rechazo a los trasvases y a la gestión de la citada reserva hídrica. De hecho, esta se defendió como la mayor garantía de impedir un macrotrasvae del Ebro, al necesitar siempre Aragón un elevado volumen de agua embalsada para cubrir sus necesidades.

A pesar de que la ley se aprobó con un gobierno popular en la DGA y con el voto a favor del PP en las Cortes, el Ejecutivo central recurrió a principios del 2015 la norma ante el Constitucional al entender que Aragón se arrogaba con ella competencias exclusivas que corresponden al Estado y que se vulneraba el principio de gestión unitaria de las cuencas hidrográficas supracomunitarias

La ley reconocía a la aragonesa como la administración competente en la gestión de la reserva hídrica, fragmentando la unidad de cuencas y ahora, en una sentencia dictada el 19 de octubre, anula estos artículos al asegurar que atribuirse estas competencias sobre la gestión el volumen de aguas que los planes hidrológicos asignen para el uso de los aragoneses implica gestionar una cuenca supracomunitaria y, por tanto, vulnera el orden constitucional de competencias en materia de agua.

Tras conocer la sentencia, el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, apuntó que el Ejecutivo es «leal» al Gobierno de España, y acata las sentencias, pero exige al tiempo que los mismos criterios «se apliquen a todos los territorios». Olona consideró que una ley se debe hacer «con mucho más rigor y seriedad» y se debe a que el Gobierno PP-PAR fue «demasiado lejos» planteando algo que invade las competencias exclusivas del Estado en materia de aguas y en una cuenca como la del Ebro, que es intercomunitaria.

Por su parte, CHA condenó la decisión del tribunal y la falta de respeto a las leyes propias aragonesas y aseguró que de esta manera se pueden cumplir las condiciones para hacer trasvases entre cuencas.