La Unión de Consumidores y los graduados sociales han dado su apoyo a la huelga que cinco asociaciones de jueces (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y dos de fiscales (Unión Progresista y Asociación Progresista Independiente) ha convocado para mañana miércoles.
En Zaragoza han anunciado su respaldo los funcionarios y los procuradores y, a título personal, estudian secundarla algunos secretarios y miembros de la carrera judicial y del ministerio público integrados en las principales organizaciones de cada una de ellas (Asociación Profesional de la Magistratura y Unión de Fiscales).
La jornada de protesta incluirá una concentración de jueces y fiscales ante el Tribunal Superior, mientras que otros colectivos plantean celebrar otra en la plaza del Pilar. Fuentes judiciales señalaron que es posible que finalmente la manifestación sea unitaria.
Un portavoz de una de las asociaciones judiciales leerá un manifiesto con las principales reclamaciones de los colectivos: aumento de la planta judicial --inferior ahora, con un juez por cada 10.000 habitantes, a las de Moldavia o Albania--, paralización de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mantenimiento de las inversiones en Justicia, retirada del proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y revisión a la baja o eliminación de las tasas. --el día 21 concluye el plazo para que la Defensor del Pueblo pueda recurrirlas ante el Constitucional--.
El manifiesto recoge las principales preocupaciones de las dos carreras: denuncia el intento de politización del CGPJ y de laminación de la independencia judicial por parte del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, critica el uso reiterado del indulto por parte del Gobierno contra el criterio de los tribunales y el ministerio público, muestra la preocupación por "el drama social de las ejecuciones hipotecarias" --reclama "soluciones efectivas para la protección de los afectados"--, rechaza la privatización de los registros civiles y critica la enésima reforma punitivista del Código Penal.
GARANTE "Los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado", señala el texto.
Las asociaciones de jueces y de fiscales consideran que la elevada cuantía de las tasas "ha impedido e impedirá que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos". Estiman en un 25% la reducción de los litigios "desde la entrada en vigor del tasazo".
Los datos facilitados por el Decanato de Zaragoza constatan un descenso del 18,42% en la cifra de demandas en la jurisdicción civil, a la que más acuden los particulares y las empresas para resolver sus problemas económicos, familiares y de convivencia. De hecho, incluso los desahucios han experimentado una caída de casi el 20%.
El descenso de los asuntos es igualmente notable --un 29,07%-- en la jurisdicción Contencioso Administrativa y relevante en la Mercantil --caen un 13,33%--. De hecho, la única rama que experimenta un aumento de los litigios es la Social, exenta de las tasas en la primera instancia.
Varios juzgados zaragozanos empezaron a comunicar ayer la suspensión de vistas y comparecencias para mañana.
