El Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una campaña de inspección de los particulares y empresas que ofrecen los conocidos microcréditos en la comunidad autónoma, excluidas las entidades financieras tradicionales, fundamentalmente bancos, que ya cuentan con controles reiterados y específicos por parte del Gobierno de Aragón.

Los inspectores revisarán las prácticas de estas empresas ante los posibles "abusos" que, según recoge la circular de Consumo, han detectado. De hecho, la campaña parte de la Dirección General del área, pero apoyada por reclamaciones de colectivos como la recientemente registrada Asociación de Estafados Víctimas de las Financieras (Adevif) en la comunidad.

Los inspectores, según explicó el director general de Consumo de la DGA, Sergio Larraga, pretenden con esta iniciativa obtener "un conocimiento más amplio" del sector, además de controlar la actividad de este área en Aragón.

A priori, la experiencia del departamento indica que las empresas aragonesas son cumplidoras con la legalidad vigente, pero si la inspección delatara actividades sospechosas en algún momento no se descarta abrir expedientes sancionadoras o, en su caso, remitir las actuaciones a Fiscalía, si lo analizado indicase infracciones penales.

INTERNET

La campaña de inspección, explicó Larraga, se extiende tanto este mes como durante el siguiente, y no se limitará a los establecimientos que cuentan con sede física --que son los que menos--, sino también a quienes publicitan estos servicios por internet o cualquier otro medio. Por ejemplo, ha habido casos de presuntos estafados por anuncios en el teletexto.

Tanto en el caso de prestamistas directos como en intermediarios, desde Consumo se analizará el modo de captación de clientes, las partes intervinientes o los documentos y contratos disponibles para la firma, entre otros aspectos. Como marco está la Ley de Créditos al Consumo, que servirá de referencia para detectar posibles incumplimientos en las formas.

La actuación del departamento del Ejecutivo autonómico, planeada desde hace tiempo, según señaló Larraga, llega después de que Adevif fuera inscrita recientemente como asociación específica en la comunidad. Sus asociados, encabezados a nivel nacional por el turolense Rafael Pozo, pasaron hace poco más de un año por las Cortes de Aragón --donde arrancaron un compromiso regulador-- y han mantenido reuniones también en el Colegio de Notarios de Aragón, que ha emitido circulares informativas para los profesionales y los clientes recordando los derechos que los asisten. Entre otros, el elegir su notario o el solicitar un plazo de tiempo para estudiar la documentación que van a firmar.

EXCESO DE CONFIANZA

En muchos de los casos de los presuntos estafados acogidos por Adevif, el problema es precisamente que lo que firman no es lo que pensaban que estaban firmando, pero por exceso de confianza no lo descubren hasta que ya es demasiado tarde y la irregularidad ya está cometida.

En la mayoría de las situaciones han puesto como aval su casa, tasada a un precio irrisorio, que el prestamista acaba quedándose en subasta como pago de la deuda. Sin contar los intereses desmesurados --el único motivo por el que, en Madrid, se ha llegado a anular alguna de estas transacciones-- del préstamo, o el hecho de que no les den todo el dinero que firman haber recibido con la promesa de un futuro talón que, al final, nunca llega.

Para comprobar si estas prácticas son más habituales de lo que parecería en Aragón, Consumo ha puesto en marcha esta campaña de inspección como nuevo paso en el combate contra el fraude y que las Cortes de Aragón se comprometieron a atajar.