El pleno de las Cortes ha convalidado por unanimidad el decreto-ley por el que se autoriza al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a concertar operaciones de crédito o préstamo a largo plazo por un importe máximo de 46 millones de euros para cancelar deuda de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón.
Gimeno ha explicado hoy en el pleno que con estas operaciones no crece el endeudamiento y se consigue una financiación mucho más adecuada, eliminado los "picos" en los vencimientos previstos de seis millones este año y de unos cincuenta en 2018.
Según el decreto-ley, a 31 de diciembre de 2016 Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) tenía estructurada su deuda bancaria en prestamos hipotecarios de viviendas y de edificios de uso terciario por 17,77 y 14,33 millones de euros, respectivamente, y pólizas de crédito que financian el resto de activos de la sociedad con un límite de 56,05 millones de euros cuyos vencimientos son 6 millones de euros a final de este ejercicio y 50,05 millones a finales de 2018.
El saldo vivo de estos créditos ascendía a 31 de diciembre de 2016 a 34,93 millones de euros, y adicionalmente la sociedad mantiene un saldo de 0,73 millones de euros, con vencimiento a largo plazo, en préstamos sin intereses concedidos por el Ministerio de Industria.
Gimeno ha apuntado que de esta forma se profundiza en el saneamiento del sector público sin incrementar el endeudamiento con operaciones de hasta 10 años en condiciones de prudencia financiera, lo que permite un pago de amortizaciones e intereses de una forma más adecuada a los intereses del Gobierno de Aragón en este momento.
Desde los grupos de la oposición, el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha aseverado que votar a favor de esta convalidación es "un acto de fe" ante la ausencia de información aportada por Gimeno, que ha considerado una falta de respeto al parlamento. "Es un profesional de la confusión", ha sentenciado.
También la falta de información ha generado incertidumbre en Podemos, según ha afirmado el diputado Héctor Vicente antes de que su grupo apoyara la convalidación, mientras que Elena Allué, del PAR, ha defendido que de esta forma se consigue que el Gobierno "ponga la cara" por un sector público que sirve de palanca y motor a muchas empresas aragonesas, que ha sufrido un recorte de más del 30 % por ciento y que debe seguir liderando proyectos estratégicos de Aragón.
Por su parte, Javier Martínez, de Ciudadanos, ha instado al Gobierno a trabajar para que la gestión de este tipo de sociedades sea más eficiente.
