A veces la colaboración institucional entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza funciona y da buenos resultados. Cuando las dos administraciones se ponen de acuerdo son capaces de mejorar la prestación de los servicios y llegar a más gente. Así se podría definir lo que está sucediendo con el convenio suscrito entre el consistorio y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que este año, hasta septiembre, ya ha beneficiado a 1.274 personas dependientes en el servicio de ayuda a domicilio y a otras 1.123 en el de teleasistencia. Un despegue en los resultados que dio lugar a que se firme «una adenda a la adenda del convenio» para que la DGA transfiera a la capital 900.000 euros más de los previstos hasta alcanzar los 3.271.000 euros.
Este incremento en los recursos para financiar la encomienda del IASS al ayuntamiento se debe al crecimiento exponencial en las cifras que se ha registrado del 2016 al 2017. Los problemas del año pasado hicieron que a final del ejercicio solo 226 personas dependientes se beneficiaran de este convenio, y este año se han multiplicado por seis. Y aún falta un último trimestre. Ahora, con esos 1.274 atendidos, se cubría la totalidad de los 2,3 millones que se consignaron al inicio en el acuerdo, a razón de 15.948 horas trabajadas al mes.
Ahora aumentan los recursos y también esas horas a dedicar a esa labor que, siendo competencia autonómica, se presta desde el ayuntamiento para mantener la gestión en manos públicas, ya que la DGA pretendía externalizarlo por su incapacidad para atender la demanda en la capital con los medios humanos propios. Con 3,27 millones de euros, el consistorio podrá dedicar hasta 20.700 horas al mes a atender a la dependencia en la capital.
TAMBIÉN TELEASISTENCIA
El incremento también se ha registrado en el servicio de la teleasistencia. El año pasado se contabilizó la fría cifra de solo 43 beneficiarios. En los primeros nueve meses de este 2017 ya suman 1.123. Para ello también se ha incrementado la consignación por parte de la DGA, pasando de los 317.924 euros que había a los 377.774 que habrá ahora, una cuantía que permitirá atender hasta 2.900 personas al año en Zaragoza. Y en diciembre se prevé llegar a esa cifra aproximada, porque la cuantía se ajusta a la demanda, que está más próxima a la que se esperaba ya el año pasado.
Pero Zaragoza sigue trabajando para ganar en eficiencia en la prestación de estos servicios y ya piensa en unificar ambos con los que el ayuntamiento ya prestaba antes de recibir la encomienda. El de ayuda a domicilio, por ejemplo, se presta de forma preventiva, a personas sin dependencia reconocida, y está a punto de salir a licitación. Y se ha decidido sumarlo al que se ofrece con el convenio del IASS y aumentar el presupuesto hasta los 17,3 millones de euros, un 20% más que ahora, a cambio de integrarlos. Y mantener el control desde lo público, objetivo prioritario, y ejecutarlo con entidades sociales. Algo similar se hará con la teleasistencia, en otro contrato distinto.
Al menos con estas cifras ya no habrá críticas como las recibidas el año pasado por la baja ejecución de las partidas. Resulta que los problemas técnicos del año pasado que impidieron al IASS derivar personas dependientes al ayuntamiento no solo hicieron que la cifra final fuera de 226 personas, es que solo se acabaron gastando «267.000 euros» de los 2.320.950 totales que fijaba el convenio. Apenas un 10% del dinero disponible.
«GOL DEL PSOE A ZEC»
Así lo explicó ayer la vicealcaldesa y responsable de Derechos Sociales, Luisa Broto, en la comisión de control a su área, en la que los partidos votaban aprobar esta nueva adenda al convenio y que obtuvo el respaldo de todos los grupos municipales menos el PP, que rechazó que el ayuntamiento preste un servicio que es competencia de la comunidad autónoma y que es «gol del PSOE a ZeC», ya que el dinero procedente de la DGA ni siquiera cubre el coste real del servicio que se presta. La concejala conservadora Reyes Campillo explicó que Zaragoza está pagando «a 20 euros la hora» por una atención a la dependencia que, en base al convenio, a la comunidad autónoma le sale por «solo 16,8».
Tres euros salen de las arcas municipales. «¿Por qué el IASS no licita este contrato? El Gobierno de Aragón se está ahorrando mucho dinero con esta encomienda», aseveró la edila, quien recriminó la doble vara de medir que el Gobierno de ZeC tiene en este asunto y con otros como el cobro del Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA).
La socialista Lola Campos también incidió en esta diferente valoración que aplica el Gobierno de la ciudad a ambos temas, pero para destacar que cuando el alcalde, Pedro Santisteve, habla del «abandono» de la DGA al ayuntamiento debería recordar también acuerdos como este en dependencia, en el que hay «buena sintonía y las aportaciones se incrementan». «No se puede estar tirando piedras por un lado y poniendo la mano por otro», lamentó.
Cristina García, de Ciudadanos (C’s), y Carmelo Asensio, de CHA, apoyaron la adenda confiando, destacaron ambos, en que «los problemas de coordinación del año pasado no se repitan en el futuro».
