Las Cortes de Aragón debaten mañana la toma en consideración de la proposición de ley de IU sobre el proceso de muerte

Toda persona tendrá derecho a rechazar cualquier tratamiento aun cuando ponga en peligro su vida y podrá revocar su consentimiento informado, siempre por escrito. La declaración de voluntades anticipadas se incluirá en el registro creado ya a tal efecto y se incorporará, además, a la historia clínica del paciente. En el caso de que la persona en proceso de muerte esté incapacitada para decidir, el médico consultará a la persona que, anteriormente, haya sido designada para este fin, el cónyuge, los familiares más cercanos y entre estos el de mayor edad.

Los enfermos menores de edad tienen derecho a recibir información sobre su enfermedad y las intervenciones sanitarias propuestas, que se le deben explicar de tal forma que las comprenda. Todo paciente menor tiene derecho a ser escuchado. El consentimiento informado lo darán sus representantes legales, si el menor es incapaz de darlo intelectual o emocionalmente. Las personas emancipadas aunque sean menores, que en Aragón pueden tener desde 14 años, y todas las mayores de 16 años, serán las responsables de dar su consentimiento informado sobre su propio proceso de muerte.

Todas las personas tienen derecho al "alivio del sufrimiento" con medidas paliativas "de calidad", si es posible en su propio domicilio. Todo paciente tiene derecho a ser sedado y a mantener su intimidad personal, siempre según la iniciativa de IU. Los pacientes en proceso de muerte tienen derecho a disponer de acompañamiento familiar, así como a recibir auxilio espiritual "de acuerdo con sus convicciones y creencias". "OBSTINACION TERAPEUTICA

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En el caso del personal sanitario, el médico tendrá la obligación de asegurar el derecho del paciente a ser informado y deberá proponer actuaciones sanitarias en función de la evidencia científica. Todos los profesionales sanitarios tendrán la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de cada paciente en la toma de decisiones clínicas y estarán obligados a informarles sobre su derecho a presentar la declaración de voluntades anticipadas.

El médico evitará la "obstinación terapéutica", limitando el esfuerzo terapéutico "cuando la situación clínica del paciente lo aconseje", de lo cual dejará constancia en la historia clínica del paciente con la consiguiente justificación científica a cargo de al menos dos profesionales. Los centros sanitarios asegurarán el derecho al acompañamiento familiar y el acceso al auxilio espiritual. También deberán tomar medidas para que los familiares y cuidadores hagan el pertinente duelo.

Los pacientes en proceso de muerte tendrán derecho a disponer de una habitación hospitalaria individual y a recibir cuidados para asegurar el confort. Podrán estar acompañados permanentemente por familiares o allegados. Todos los centros sanitarios e instituciones crearán su propio Comité de Etica Asistencial, que podrá proponer "alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas controvertidas" cuando haya "discrepancia" entre los profesionales sanitarios y los pacientes o sus representantes legales. Las sanciones por el incumplimiento leve o grave de esta Ley consistirán en el pago de multas desde los 2.000 euros hasta el millón de euros.

La proposición de ley que se puede tomar en consideración mañana, jueves, incluye una disposición final segunda que constituye una reforma de la Ley aragonesa de Voluntades Anticipadas. Mediante esta reforma, si se aprueba, se concreta que la voluntad anticipada incluye las opciones expresas y previas que deberá respetar el personal sanitario en su caso, la designación de un representante legal para estos casos y la decisión de donar uno o varios órganos. El mismo artículo establece las condiciones para dar por legalmente válida la declaración de voluntad anticipada; la obligatoriedad de consultar en el registro si existe la declaración y se entrega la custodia del Registro al Departamento de Salud. REFORMA LEJC

Por otra parte, también mañana el Pleno parlamentario abordará la proposición de ley de Chunta Aragonesista (CHA) de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEJC), mediante la cual se pretende que los cargos públicos o empleados públicos que estén sometidos a juicio en determinados casos, como corrupción, estén suspendidos temporalmente de empleo o cargo hasta que se aclare lo sucedido.

En el caso de que las Cortes de Aragón hagan suya la iniciativa legislativa de CHA, posteriormente deberán enviar una delegación al Pleno del Congreso de los Diputados para pedir a las Cortes Generales que tomen en consideración y tramiten esta reforma, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de rango estatal, no autonómico. Además, entre las diecisiete iniciativas que se abordarán en la sesión plenaria del jueves, está prevista la solicitud de comparecencia de Marcelino Iglesias, a petición del PP, para explicar las repercusiones en Aragón del plan de ajuste estatal.

Posteriormente, se abordarán tres mociones sobre protección medioambiental, las Cajas de Ahorros y las acciones del Gobierno central. En cuanto a las proposiciones no de ley, siete, los grupos plantearán de forma mayoritaria cuestiones relativas a las medidas de recorte del gasto público decidida por el Gobierno español, entre las que se incluyen iniciativas para rechazar la supresión de la revalorización de las pensiones contributivas y plantear alternativas de política fiscal a las mencionadas medidas de ajuste.