Las Cortes de Aragón han convalidado con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos e IU y las abstenciones del PP y PAR un decreto ley que permitirá agilizar la tramitación de las inversiones del Estado en la comunidad, antes de que se hayan aprobado los Presupuestos Generales.

Esta modificación facilitará la gestión de los expedientes de gasto dedicados a algunas contrataciones, ayudas o subvenciones como el Fondo de Inversiones de Teruel o las becas de comedor de verano que dependen de financiación externa.

Según ha explicado en la cámara el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, el decreto es el resultado de "la urgencia y la necesidad" de adaptarse a las circunstancias políticas que han convertido en una "normalidad" el retraso en la aprobación de los presupuestos o del techo de gasto.

"Se podrá gestionar todo el expediente pero se paraliza hasta el momento que se acredite que se tienen los recursos necesarios", ha matizado Gimeno.

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha reconocido que comparte "el fondo" de esta iniciativa ya que permite que Aragón no pierda "el dinero de otras administraciones por falta de trámite", aunque ha cuestionado que haya sido presentada en el parlamento autonómico en agosto.

"Las formas no son las adecuadas porque este decreto llega un poco tarde y aprobado por una Diputación Permanente, que debería estar reservada a temas urgentes", ha señalado Vicente.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Jesús Sansó ha asegurado que han votado que sí por "responsabilidad", ya que el decreto ley facilita la "agilidad, eficiencia y control" de las inversiones pero ha señalado que su grupo lleva meses denunciando los retrasos en la tramitación de expedientes.

"No vamos a permitir que se juegue con los aragoneses como rehenes en el juego de presento los presupuestos cuando me interesa y ya veremos cómo dejo en fuera de juego al resto de fuerzas parlamentarias", ha indicado Sansó.

Desde Izquierda Unida, Patricia Luquín ha explicado que su grupo ha aprobado la moción, ya que permite a la administración "avanzar" pero, en ningún caso, implica que se salte "ningún tipo de proceso ni trámite de transparencia".

"Visto lo visto, la diferencia y la pluralidad política ha venido para quedarse y las mayorías absolutas son cada vez más complicadas. Cumplir con determinado tipo de plazos para aprobar normas como los presupuestos va a ser más complicado", ha explicado la portavoz.

Sin embargo, para la diputada del Partido Popular, María Vallés, este decreto responde a una estrategia del equipo de Gobierno para "curarse en salud" ya que "no sabe gestionar el presupuesto".

Asimismo, ha mostrado sus dudas con la utilización de un decreto ley para legislar esta materia, ya que considera que el "instrumento adecuado es la ley de presupuestos", que debería ser debatida por todos los grupos.

Finalmente, la diputada del Partido Aragonés Elena Allué ha reconocido que no puede votar en contra de una medida que "favorezca la gestión" pero considera que traer el decreto ley a las Cortes de Aragón en agosto responde a un criterio "electoralista".

"El argumento de la urgencia no se sostiene porque se podía haber traído desde el mes de enero y no hubiera habido que convocar Diputación Permanente", ha defendido la portavoz del PAR.