El Consejo de Gobierno toma hoy en conocimiento el anteproyecto de ley de modificación de la norma que regula la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, paso previo a la aprobación. Introduce cambios en algunos de los órganos que rigen el ente público, como la elección del director general, que deberá aprobarse por mayoría absoluta en las Cortes de Aragón.

En la memoria que acompaña al anteproyecto, el cambio en la elección del máximo responsable de la CARTV se hace en aras de lograr una mayor neutralidad y transparencia al ser elegido por mayoría absoluta en el Parlamento.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A este cambio hay que sumar la reducción del número de miembros del consejo de administración de la corporación, que pasará de 19 a 15 integrantes. Será elegido por mayoría de tres quintos en las Cortes --frente a los dos tercios actuales--, y según figura en el texto deberá ser paritario. Se pretende, dice la memoria, "agilizar el funcionamiento" de este órgano, pero sin "menoscabo de la legitimidad y representatividad parlamentaria que deben tener todos ellos". "La profesionalidad" será requisito previo para ser miembro.

El consejo asesor, figura inédita hasta este momento, cambia su espíritu para que tenga "un carácter eminentemente representativo de los sectores sociales más vinculados a la prestación del servicio público de comunicación audiovisual". Se incluye la previsión para que uno de sus miembros asista con voz pero sin voto a las reuniones del consejo de administración de la CARTV.

El anteproyecto modifica la regulación del contrato programa entre el Gobierno de Aragón y la CARTV con el fin de "establecer un marco estable de duración del mismo". Se eliminan las referencias temporales concretas, aunque se señala que una vez finalizado el vigente convenio se suscribirán otros para un periodo de tres años. Esta fórmula permitía a la corporación saber con un plazo concreto la financiación que recibiría del Ejecutivo autonómico. En los últimos años era del entorno de los 42--43 millones de euros por ejercicio.

La modificación de esta ley forma parte de los compromisos adquiridos por PSOE y Podemos en su decálogo. El texto lo tiene la formación violeta desde la pasada semana, aunque según señalaron fuentes del partido, todavía no se ha negociado nada. En el documento, indicaron, tampoco aparece nada sobre la internalización de los servicios informativos. Según los cálculos que ha realizado el Ejecutivo llevar a cabo esta medida supondría un incremento del coste de entre el 30 y el 40%, por lo que, sin cerrarle la puerta, la califican de "muy complicada".