Las Cortes de Aragón volvieron a exigir ayer las cantidades adeudadas por el Estado en concepto de asistencia justicia gratuita y, además, lo hicieron incluyendo la Comisión Bilateral y los tribunales como vías de reclamación. La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, a propuesta del PAR, instó al Ejecutivo en esta línea, "a raíz del mayor coste del servicio y de los incumplimientos de lo acordado en la Comisión Sectorial", y defendió "la necesidad de una financiación suficiente" para esta prestación. En estos momentos, el Departamento de Presidencia y Justicia ha reclamado por al ministerio el pago de alrededor 1,2 millones por considerar que hubo 3.000 expedientes más el año pasado respecto al anterior. En total, un 30% más. En la misiva, se advierte de que si no se satisface ese pago, se interpondría un recurso contencioso-administrativo.

APOYO DE PP Y CHA

El texto aprobado ayer en las Cortes salió adelante con el apoyo de los aragonesistas y del PP y CHA, mientras que el PSOE, que había presentado una enmienda, e IU se han abstenido. El portavoz del PAR, Alfredo Boné, calificó la nueva ley estatal en la materia como "injusta", a lo que añadió su esperanza porque "algún día se derogue y no exista", indicó en una nota el servicio de comunicación de las Cortes. "Afecta a las personas más frágiles y debemos utilizar todos los mecanismos posibles. Pedir insistentemente y, a veces, hasta tenemos suerte y nos dan lo que es nuestro", defendió.

Desde el PP, Fernando González apostó por "llegar a acuerdos muy por encima del color del partido que haya en Madrid". El portavoz popular en esta materia defendió que "se puede ir a los tribunales y a la vez seguir negociando".

El socialista Carlos Tomás ha presentado al texto una enmienda para incidir, exclusivamente, en la reclamación vía judicial ya que, en su opinión, "no cabe esperar más y ya no se puede negociar", un argumento que también esgrimió la diputada de IU, Patricia Luquin. El voto favorable de CHA, de acuerdo con las palabras de José Luis Soro, fue más "de contexto, por reconocer el esfuerzo del PAR para llegar a un acuerdo, que por el texto en sí".