El Pleno de las Cortes de Aragón ha reivindicado hoy una educación en igualdad, mayor coordinación entre las instituciones y dotar de más recursos al IAM como medidas esenciales para acabar con las violencias que se ejercen contra las mujeres.
Por unanimidad, el Pleno de las Cortes ha aprobado hoy el dictamen elaborado por la comisión especial de estudio sobre las políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista, que ha trabajado en el Parlamento durante aproximadamente un año y medio y ante la que han comparecido 24 personas de todos los ámbitos de las instituciones y asociaciones que luchan contra la que las portavoces han denominado "la peor lacra del siglo XXI".
El dictamen asevera que la violencia ejercida sobre las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, es "el exponente mas claro y rotundo" de desigualdad entre mujeres y hombres y supone una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Esta desigualdad, agrega el texto elaborado por las doce diputadas que han participado en la comisión, está instalada en la sociedad "por el marcado y dominante carácter patriarcal que la domina".
En el dictamen se añade que los poderes públicos -ante los datos que dicen que en Aragón se presentaron en 2016 por violencia machista un total de 3.162 denuncias, aunque aproximadamente el 65 por ciento de las mujeres no acude a la justicia cuando la sufre- están obligados a "sumar esfuerzos" para conseguir una verdadera igualdad y a poner en marcha todas las políticas públicas necesarias para combatir la violencia que sufren las mujeres solo por serlo.
Desde hace catorce años, han sido asesinadas en España 917 mujeres, y cada tres minutos una es violada y asesinada en el mundo.
La comisión considera necesario dotar al IAM de la estructura institucional suficiente para llevar a cabo dicha coordinación, con interconexión de datos e información, pero también, según han enfatizado varias portavoces, con los recursos necesarios.
En este sentido, la diputada del PSOE Pilimar Zamora ha vaticinado que el Gobierno de Aragón "será receptivo" al reclamo de las Cortes e implementará medidas que reforzarán las que ya ha puesto en marcha en este campo, dado que durante este mandato, según ha dicho, ya ha incrementado los recursos un 94 por ciento.
En el eje basado en la sensibilización, el dictamen pide el desarrollo de campañas de prevención, especialmente para jóvenes y adolescentes, y también de concienciación, estas dirigidas expresamente a los hombres, porque las diputadas entienden que ellos son "parte de la solución y no solo del problema".
En este sentido, Patricia Luquin (IU) ha reprochado a sus compañeros diputados que no hayan participado en una comisión formada íntegramente por mujeres, porque a su juicio es "difícil" cambiar si solo está involucrada en hacerlo la parte afectada.
Para la comisión, la educación en igualdad es básica, y por eso pide que se incorporen en los proyectos educativos de los centros escolares contenidos específicos para prevenir la violencia y que se generen protocolos para la detección precoz del maltrato, también durante los procesos de divorcio y en los centros de trabajo.
Se considera imprescindible, además, evaluar los protocolos de actuación existentes ante el maltrato y de intervención, se insta la revisión de los alojamientos de urgencia y se pide el acompañamiento integral a las víctimas para evitar su doble victimización durante el proceso judicial.
Otras de las medidas, en este caso judiciales, abogan por evitar espacios de impunidad para matratadores derivadas de las disposiciones vigentes, por mejorar las medidas de valoración del riesgo, por suprimir la atenuante de confesión y por adoptar medidas específicas para proteger a los hijos de las mujeres maltratadas.
La coordinadora de la comisión, Carmen Martínez (CHA) ha agradecido al Parlamento que el compromiso contra la violencia se haya vuelto a revalidar hacia el objetivo final de "cambiar el modelo de sociedad patriarcal".
La popular Ana Marín ha insistido en la necesidad de la unidad para luchar contra esta lacra, además de reconocer el trabajo de "muchos hombres" implicados en esta cuestión, mientras que Elena Allué ha hecho hincapié en que hoy Aragón ha sentado las bases para alcanzar un pacto autonómico sobre este asunto.
Amparo Bella, de Podemos, también ha achacado el problema a la desigualdad que cimenta las relaciones sociales y ha insistido en la necesidad de dotar de recursos al IAM y de que el Gobierno adopte "medidas transversales" de lucha.
Por Ciudadanos, Desirée Pescador ha dicho que el dictamen debe de ser un instrumento para que las instituciones sumen esfuerzos en una estrategia común "muy amplia".
