La celebración de la cumbre contra la despoblación, prevista para el 4 de junio, corre el peligro de suspenderse. La inestabilidad del Gobierno central tras conocerse la sentencia por el caso Gürtel y el anuncio del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de presentar una moción de censura a Mariano Rajoy ha alterado todas las agendas políticas. Aunque desde el Gobierno de Aragón aseguraron que todavía no se ha tomado ninguna decisión y que se sigue trabajando en el encuentro, no descartan que pueda aplazarse. La situación política que atraviesa el país tiene consecuencias y todo apunta a que los líderes autonómicos del PSOE trataran de evitar una foto con los barones del PP, cuestionados por los casos de currupción.
El encuentro, previsto en Zaragoza, y al que están llamadas Asturias, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha, tiene como objetivo reafirmar los compromisos generales que se alcanzaron en León el pasado febrero, además de trasladar las necesidades de las comunidades que sufren las consecuencias de la despoblación a la Unión Europea.
"MÁS PESO"
Los presidentes de estas comunidades quieren fijar esta posición como una medida de presión de cara a la próxima reforma del marco financiero plurianual europeo. La intención es que la despoblación tenga «peso específico» en este nuevo esquema del reparto de fondos, indica el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén. «Ir a las instituciones comunitarias en soledad no sirve de mucho, pero si acudimos como un grupo cohesionado de la España del interior puede tener más empaque», reconoce.
Hace unos meses el Comité Europeo de las Regiones ya aprobó un dictamen sobre despoblación que debería ser la base para que el resto de estados miembros de la UE tomen en cuenta esta reivindicación en la financiación plurianual. «Los países con poca demografía deben tener una singularidad», destaca.
En términos generales el documento con mayor importancia en el que se está trabajando es el que hace referencia directa a la negociación de la financiación autonómica. «Compartimos características como la despoblación, la dispersión y el envejecimiento y consideramos que estos criterios tienen que tener mucho más peso», asegura.
Este texto mantendrá las reclamaciones del que se firmó en febrero. En él se evidencia que prestar servicios sanitarios y educativos tiene un coste muy superior en comarcas en riesgo demográfico. «Queremos que las dos comunidades que se incorporan al grupo la asuman al máximo posible», indica. Durante la mañana del encuentro se pondrá en marcha un equipo de trabajo para adaptarlo a las peculiaridades de La Rioja y Castilla-La Mancha en el caso de que sea necesario.
El futuro modelo de financiación deberá garantizar la prestación de los servicios públicos con criterios de equidad con independencia de la capacidad tributaria de cada región, es decir, atendiendo a las necesidades de gasto real y no a la capacidad fiscal. Un ejemplo recurrente sobre esta realidad se encuentra en el hecho de que en las zonas con una media de edad superior a los 65 años el gasto farmacéutico se dispara en los presupuestos públicos. Y en Aragón este segmento supone un 21% de la población frente al 18,6% de la media estatal.
En esta ocasión, no se abordarán temas paralelos como en la cita leonesa. En la cumbre de febrero las comunidades con territorios mineros trabajaron de forma paralela (sin la participación de Galicia) en un documento conjunto para exigir un plan que garantizara unos para el mineral autóctono ante la «extrema gravedad» del sector. Desde la DGA se considera que la declaración está plenamente vigente.
Las seis comunidades citadas en Zaragoza dentro de dos semanas suman una población de 9,8 millones de personas.
