Los directores y gerentes de servicios sociales en Aragón cargaron ayer con dureza contra el secretario de Estado de Servicios Sociales, el aragonés Mario Garcés, al que acusaron de «confundir a la opinión pública» y proferir «falsedades» en su visita, la pasada semana, a tierras aragonesas. En estos términos se empleó el coordinador de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en Aragón, Gustavo García, acerca de las declaraciones de Garcés en las que aseguaba que el Estado asume el 50% de la financiación del coste de la atención a la dependencia.

García afirmó que esas manifestaciones «suponen un insulto a la inteligencia de los aragoneses y una burla cruel hacia las personas en situación de dependencia y sus familias». Esgrimió que «no es cierto que un criterio de distribución de fondos adicionales de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) sea una financiación específica de las prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia», como afirmó Garcés.

De hecho, apuntó que «uno de los criterios para la distribución de esos créditos son las personas potencialmente dependientes, pero eso no significa que las comunidades reciban una financiación específica por el coste de las prestaciones y servicios que reciben las personas que tienen reconocido el derecho a ello».

El coordinador, asimismo, incidió en que «no es cierto que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyan mayor financiación a las comunidades para la atención a la dependencia.

García recordó que el gasto público para financiar el coste de las prestaciones y servicios que reciben las personas en situación de dependencia en Aragón ascendió el pasado año a 188.597.014 euros, de los cuales 157.311.848,11 fueron asumidos por el Gobierno de Aragón y 31.285.166,31 por el Estado. «En consecuencia, el 83,4% del coste del Sistema es asumido por el Gobierno de Aragón, y solo el 16,6% por el Gobierno central», dijo.

«Si cumpliera las obligaciones de financiación que establece la ley y financiara el 50% del coste de los servicios y prestaciones que reciben los aragoneses por su situación de dependencia, aportando 126 millones más cada año, no existiría lista de espera, que actualmente es de 12.000 personas, y todas estarían recibiendo las atenciones a las que tienen derecho», concluyó.