El colectivo Hambre de Justicia baraja organizar una cuestación para afrontar la sanción de 200 euros con los que la Subdelegación del Gobierno sancionó al médico Ángel Borruel, el pasado 21 de abril, tras haber sido expulsado del acto institucional del Día de Aragón en Huesca, pese contar "con una invitación". Así lo explicó ayer el propio Borruel, durante la celebración de una asamblea que el grupo celebró en la plaza Navarra de la capital oscense para, entre otras cosas, estudiar "qué acciones tomar ante lo que supuso el colmo de la indignidad". Fue el calificativo empleado por el facultativo, que permanece en huelga de hambre desde hace casi un mes.

Borruel, que dijo encontrarse "bien, más delgado, pero con buen ánimo", argumentó que la sanción obedece únicamente "a querer dirigirme a la presidenta", Luisa Fernanda Rudi, y "así consta en la denuncia". "Si se hubiera producido algún hecho violento, constaría en el escrito, pero se trataba de un acto totalmente amistoso que protagonizamos una compañera y yo", afirmó el afectado.

"El hecho en sí mismo es lamentable, y no porque me haya pasado a mí", apuntó Borruel, para el que lo sucedido da "imagen del estado de cosas en el que estamos". "Nosotros solo quisimos transmitir una forma distinta de ver el mundo", señaló. A este episodio se refirieron también, ayer en las Cortes, representantes de Hambre de Justicia, para defender "otro modelo económico, político y social", según Íñigo Aramendi, uno de los portavoces. Con el apoyo de CHA e IU, añadió que "hay miedo a que el ciudadano libre, sin ningún tipo de actitud agresiva, quiera acercarse a decir las cosas como son" y denunció que a Borruel "la Policía le sacó en volandas". El grupo ha recogido más de 2.500 firmas de apoyo.