El Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales exigió ayer al Gobierno de Aragón asestar un «fuerte impulso» a los servicios para mejorar en la aplicación de la Ley de Dependencia. Aunque el colectivo admitió «avances importantes» en la actual legislatura, asegura que «nuesta esperanza se ha vuelto decepción» y subrayó que la reducción de la lista de espera de dependientes que no reciben su prestación en estos dos años ha sido «en precario».

Porque el espacio, creado en el 2013 para denunciar «la política de recortes del PP», advierte que esa lista de espera «sigue siendo irritante y aún muy superior a la española». En todo caso, el actual Ejecutivo autonómico ha logrado rebajarla del 46,7% al 33,2%, un 4% más que la rebaja en el resto del país. «Aún quedan seis puntos de diferencia y esa reducción se está consiguiendo ofreciendo servicios muy precarios como la ayuda a domicilio de muy baja intensidad protectora y aumentando las prestaciones económicas, que ya eran muy numerosas», indicó la trabajadora social Margarita Moya, que incidió en que los servicios «son muy miserables».

En este sentido, el colectivo expuso que los servicios de proximidad -ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día- «están desarrollados en Aragón muy por debajo de la media española, sumando un 13% de las prestaciones, mientras en el resto del país alcanzan el 39,5%», apuntó el profesor jubilado Ángel Sanz, familiar de una persona dependiente.

De hecho, el espacio sostiene que los servicios «suponen en Aragón únicamente el 37,8% de prestaciones frente al 57% en España», «20 puntos de diferencia que la comunidad compensa con la oferta de más prestaciones económicas», añadió Sanz.

Por su parte, la abogada, Beatriz Zalaya, explicó que hasta el momento han interpuesto nueve demandas contra el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y en los siete casos en los que ya tienen sentencia han sido favorables al dependiente y con condena al IASS a abonar las cantidades o a prestarle los servicios que correspondan.

De hecho, destacó que en estas sentencias favorables, dado el número que habían presentado, se han pronunciado los cinco juzgados de lo contencioso que hay en Zaragoza. «El derecho a prestaciones o servicios se puede hacer valer y exigir», indicó la abogada.