La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) presentó ayer más de 31.500 recursos «sólidamente fundados» a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativa del Gobierno de Aragón, continuando así la labor que han emprendido para lograr la supresión del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y la reforma de los planes de saneamiento autonómicos.

El portavoz de la agrupación, José Ángel Oliván, consideró que, tras el silencio administrativo del Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo de apelación va a darles la razón por el valor jurídico de los documentos presentados y los plazos de los que disponen.

Asimismo, Oliván calificó de «irresponsabilidad» dejar la solución de los recibos impagados para más adelante, pues sería preferible resolverlo «antes de que desemboque en resoluciones jurídicas que obliguen al Gobierno de Aragón a devolver el dinero del recibo correspondiente al ICA».

En este sentido, señaló que a la hora de abordar el tema del impuesto, la DGA se enfrenta al «doble problema» que representan los recursos representativos de los barrios zaragozanos y la situación en la que se encuentran los aproximadamente 100.000 impagados actuales, según han calculado.

El debate sobre el ICA se evidenciará esta semana, además, en otros dos escenarios. En la mañana de hoy se celebrará en las Cortes de Aragón una nueva sesión de la comisión de investigación que trata de depurar las responsabilidades políticas de los fallidos planes de depuración autonómicos. Por ahora está encallada en decidir cómo gestionar las numerosas solicitudes de comparecencias propuestas por los grupos. Mañana tendrá lugar otra reunión de la mesa técnica que busca la reforma del impuesto. El Ayuntamiento de Zaragoza tampoco estará presente.