Cuatro colegios de Zaragoza han presentados recursos en juzgados de lo contencioso administrativo de la ciudad contra la decisión del Gobierno aragonés de cerrar aulas de enseñanza concertada en sus respectivos centros.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en todos los recursos interpuestos se solicitan medidas "cautelarísimas" para instar la paralización de las medidas acordadas por la administración regional respecto al cierre de las referidas aulas a partir del próximo curso escolar.
Dos de los colegios concertados, los del Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Guadalupe, presentaron sus recursos a última hora de la mañana de ayer, mientras que los dos restantes, Teresianas del Pilar y Cristo Rey-Escolapios, lo han hecho a lo largo de la jornada de hoy.
Los titulares de los juzgados de lo contencioso números 1 y 3 de Zaragoza han dictado hoy sendos autos referidos a los recursos interpuestos ayer en los que acuerdan tramitar los recursos como petición de medida cautelar y no "cautelarísima" al considerar que no existen razones de especial urgencia.
A este respecto asegura uno de los jueces que "aunque existe cierta urgencia en la respuesta judicial ante la presente petición cautelar, lo cierto es que la vista de la fecha en la que se inicia el proceso de solicitud de plazas escolares, resulta posible que se pueda resolver esta pieza con anterioridad al inicio de dicho plazo".
Ambos jueces acuerdan dar de plazo a la administración educativa regional y a la fiscalía hasta el próximo martes, "sin posibilidad de prórroga alguna", para que presenten sus respectivas alegaciones a la decisión sobre el cierre de aulas de concertada.
Considera uno de los magistrados que dada la "complejidad y trascendencia de los intereses en juego", es necesario, antes de dictar una medida cautelar, conocer las alegaciones del Gobierno aragonés y de la fiscalía.
Ambos jueces argumentan que el plazo concedido para alegaciones no supone un detrimento en la efectividad de la eventual medida cautelar solicitada, y advierten que al tratarse de un procedimiento que afecta a derechos fundamentales de las personas, "es necesario conocer la aportación del ministerio fiscal".
Los recursos presentados impugnan la "carga" de la aplicación informática GIR, realizada por el Departamento de Educación del Gobierno aragonés en relación a su propuesta de plazas para la admisión de alumnos, y cuestionan el sistema de supresión de aulas en la concertada.
