Cuatro de las 12 familias que residen en un edificio ocupado en Santa Isabel tienen hasta el 23 de octubre para convencer a la Sareb, la entidad bancaria propietaria del inmueble, de que paralice la orden de desahucio. Su objetivo, junto a la organización Stop Desahucios que le apoya, es que se les conceda un alquiler social para quedarse en su actual vivienda.
El resto de familias están a la espera de un juicio que se celebrará el próximo mes de noviembre. Los residentes, la mayoría de etnia gitana, tienen una media de edad de unos 25-30 años, casi todos ellos son familias con niños pequeños (de menos de 10 años).
Las cuatro familias que podrían ser desalojadas están en un procedimiento penal desde hace tres años, y ya fueron convocadas para el desahucio el pasado 23 de agosto. Entonces, consiguieron aplazar la fecha. Ahora, su meta es lograr un entendimiento con la Sareb, para que paralice esta orden. "Vamos a empezar por contactar con ellos a través de un interlocutor, y esperamos solucionar el problema", explicó Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios.
Las familias implicadas no tienen ningún tipo de ingreso ni cuentan con ninguna ayuda, por lo que se hallan en una situación evidente de vulnerabilidad. "No cobran nada y, para un alquiler social, que es lo que les gustaría, necesitan un sueldo", afirmó Concha Cano. "Es una situación de la que es muy complicado salir".
"Estamos buscando trabajo, además de cualquier ayuda, pero no es fácil", explicó Israel García, de 33 años. Él, su mujer y sus cinco hijos (entre los que se encuentra un bebé de 11 meses) quieren que se les permita continuar viviendo donde residen actualmente. Si les desalojan, instituciones públicas se harían cargo de los pequeños. "Tenemos derecho a una vivienda y a que nuestros hijos tengan una oportunidad", comentó.
