Cuatro funcionarios de prisiones, a juicio por la muerte de un joven de Monzón

Según ha informado a Efe la representación legal de los padres del joven fallecido, los funcionarios se enfrentan a condenas de prisión por supuestos delitos de homicidio culposo agravado, tipificación con la que la justicia argentina se refiere al homicidio imprudente no intencionado.

Las penas solicitadas conllevan condenas de prisión que pueden ser dejadas en suspenso por el tribunal pero que equivalen de forma automática a la pérdida de la condición de funcionarios de prisiones.

Los hechos, cuya investigación solicitaron de forma insistente los padres del joven montisonés, tuvieron lugar la madrugada del 31 de mayo de 2011 en el pabellón penitenciario psiquiátrico en el que fue ingresada la víctima, David Díaz Ríos.

El joven, que tenía en esos momentos 19 años y una discapacidad intelectual del 49 por ciento, fue detenido unos días antes en el aeropuerto de Buenos Aires tras verse implicado en una operación de tráfico de drogas.

Según el relato de hecho de los acusadores en nombre de la familia, el joven aceptó, presuntamente, la oferta de un desconocido para desplazarse a Colombia y traer droga a España a cambio de una compensación económica.

Un abogado argentino llamó por teléfono a los padres para informarles de la detención de su hijo y unas pocas horas después para comunicarles que había muerto en un pabellón psiquiátrico debido a un incendio.

Un año después de ocurrir los hechos, los padres vieron recompensada su insistencia al ser recibidos por la Defensora General de la Nación de Argentina, Stella Maris, quien, según la madre del joven, Roser Ríos, se comprometió a llevar la investigación de los hechos "hasta el fondo".

En mayo de 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina hizo público un auto en el que confirmaba el procesamiento de los funcionarios a partir de las pruebas practicadas.

Pruebas que, según este tribunal, revelan que en la unidad donde estaba ingresado el joven de Monzón no se cumplía con las normas ni se vigilaba que los internos se sirvieran de mecheros para fumar.

El auto, al que tuvo acceso Efe entonces, señala que "las grabaciones de dicha jornada muestran que en el interior de la celda (donde se originó el fuego) se fumaba sin reservas, como quedó expuesto en la audiencia por los acusadores, lo que es demostrativo de la negligencia del personal".

Las grabaciones de vídeo, de las que el tribunal se muestra convencido de que hubo un intento de eliminarlas, acreditan, a juicio de este tribunal, que el interno de la celda contigua a la de David estuvo fumando.

El incumplimiento de las normas de vigilancia, la inexistencia de protocolos de intervención y la ausencia de materiales de revestimiento que frenaran la propagación del fuego en lugar de acrecentarlo es, para el tribunal, lo que avivó el fuego.

El juicio se desarrollará a lo largo de varias sesiones durante las que los jueces escucharán los testimonios de los procesados, así como de una treintena de testigos, entre bomberos, policías, enfermeros, funcionarios de prisiones y médicos.

En declaraciones a Efe, la madre del joven montisonés ha admitido que la "larga espera" desde que ocurrieron los hechos les afectó profundamente, aunque ha valorado al tiempo que se haya abierto "por fin" una vía para "hacer justicia" a su hijo.

Ha añadido que el tiempo transcurrido les ha permitido ahorrar el dinero suficiente para desplazarse a Argentina a seguir el juicio por la muerte de David.

El matrimonio emprendió poco tiempo después de su muerte una campaña para exigir reformas legales en favor de personas discapacitadas como su hijo, a fin de conseguir establecer medidas de vigilancia que permitan realizar un control de sus movimientos tras independizarse.

Tras seis años de "lucha y espera", la pareja se muestra "orgullosa" por la consecución de algunas de estas medidas, pero "encolerizados" de que no hubieran sido establecidas con anterioridad a la muerte de su hijo.