Las cuatro guarderías de la DGA en Zaragoza capital (Aragón, Monsalud, La Inmaculada y Nuestra Señora del Pilar) carecen de licencia de actividad a pesar de llevar varias décadas abiertas en la ciudad-la más moderna lo hizo hace unos 35 años-. De hecho, el ayuntamiento de la capital aragonesa ya ha iniciado un proceso sancionador que incluye multas de 600 euros si se solicita el permiso a partir de ahora y que alcanzarían los 6.000 en caso de que no se haga.
Esta falta de licencia y el deterioro de estos centros vienen siendo denunciados desde hace tiempo por trabajadores y sindicatos. Es el caso de CCOO, que alertó, el pasado jueves, de las malas condiciones en que se encuentran las infraestructuras, así como la desigualdad laboral hacia sus trabajadoras.
Así, las guarderías -no confundir con las escuelas infantiles-estarían incumpliendo la normativa vigente, tanto en lo que a la licencia de apertura se refiere como a las condiciones exigidas para garantizar una atención de calidad a bebés. «Hay deficiencias en todas ellas, si bien en mayor o menor medida, pero hablamos de cunas en un segundo piso, cambiadores no adaptados o baños que no son compartidos», denunció Francisco González, de CCOO. «Se han centrado solo en las aulas de 2 años en colegios y han dejado de lado las guarderías públicas», añadió en referencia a la Administración.
MAESTRAS // A todo ello se une la titulación exigida para trabajar en estos centros. En principio, deben contar entre su personal con al menos un maestro de Educación Infantil y exigir esa misma titulación para acceder a la dirección. «Este requisito es indispensable para la apertura de una guardería privada, pero la Administración recurre a cierta ambigüedad en el caso de sus propios centros y apela a que no son escuelas infantiles, que son las que exigen maestros, sino centros infantiles. No es obligatorio un maestro porque no es una escuela», indica el sindicato.
En todo caso, otras fuentes afirman que esta normativa entró en vigor años después de la apertura de estos cuatro centros, por lo que la obligatoriedad de exigir la titulación de maestra alcanzaría a los centros abiertos a partir de entonces, sin efecto retroactivo. «Suelen ser maestras, pero es obligado serlo, como sí lo es en las escuelas infantiles tanto del Gobierno de Aragón como del ayuntamiento», expuso una trabajadora de un centro de la DGA.
El consistorio confirma el inicio del proceso sancionador aunque matiza que «será largo». «Primero se apercibe a estos centros por carecer de licencia y se les concede un plazo de alegaciones y para corregir este problema. En caso de que una inspección confirme que no se ha actuado en consecuencia, sí se aplicaría un proceso sancionador», apuntaron a este diario fuentes del consistorio zaragozano.
Por su parte, el Departamento de Educación de la DGA evitó pronunciarse sobre este asunto.
