El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, volvió ayer a la carga y manifestó la intención de su grupo, Zaragoza en Común (ZeC), de rescindir otro contrato con FCC, en este caso, el de la limpieza y el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad por el incumplimiento «de las claúsulas sociales y los derechos laborales». El que ha sido durante este mes alcalde accidental se olvidó de un detalle: que su formación no forma parte del consejo de Ecociudad -por decisión propia-, sociedad que tiene las competencias para decidir sobre el devenir de este contrato.
Hace un mes que Ecociudad acordó enviar un requerimiento a la contrata instándole a volver a aplicar el convenio laboral de los trabajadores previo al inicio de las negociaciones. En este documento, y a propuesta de CHA, se informaba a FCC de que de no hacerlo en plazo de un mes se iniciaría un expediente sancionador. Los 31 días se cumplieron ayer, por lo que es momento de mover ficha, señaló Cubero.
Todos los grupos que forman parte del consejo aprobaron esta medida. Entre ellos no estaba ZeC, ya que su miembros optaron por abandonar la sociedad -entre ellos el alcalde, Pedro Santisteve, junto a Teresa Artigas y Pablo Muñoz-. Como consecuencia, el PP pasó a presidir la sociedad municipal porque fue la única formación que presentó candidata, María Navarro. Con su mandato se aprobó enviar el requerimiento a la contrata.
PRESIDENCIA
El concejal se apuntó ayer el tanto tras asegurar que, gracias al consenso de todos los grupos se había decidido requerir a la empresa. Una afirmación que no tardaron en matizar el resto de formaciones. «No deja de resultar desconcertante que Cubero hable de un acuerdo unánime para defender a los trabajadores cuando su grupo estaba voluntariamente ausente de esta decisión», recordó Navarro.
Tras la reunión con dos empleados, Cubero denunció que FCC se está «burlando» de los trabajadores, tras recortarles derechos adquiridos y no haber respondido al requerimiento de Ecociudad. Manifestó que, ante este hecho, el Gobierno de la ciudad estaba a favor de sancionar económicamente a la empresa e, incluso, de rescindir su contrato.
Lo cierto es que esta decisión no está en manos del equipo de Santisteve, sino de PP, PSOE, C’s y CHA, miembros del consejo de Ecociudad.
Desde FCC respondieron que «todas las decisiones que adopten serán en la mesa de negociación convocada para el 14 septiembre». El resto de movimientos, según la contrata, «atenta al derecho constitucional de la negociación colectiva». La responsable del servicio recordó que el Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza «dio la razón a FCC y consideró que su actuación había sido conforme a la legalidad vigente».
Por su parte, Navarro aseguró que, «a pesar de la ineptitud de ZeC, Ecociudad vigila y vigilará atentamente el cumplimiento de los pliegos de contratación».
El consejo no volverá a reunirse hasta que finalice el periodo estival. Será entonces cuando se decida si se abre definitivamente un expediente sancionador.
