El experto comisionado por Aragón para debatir con el resto de comunidades y el Gobierno un nuevo modelo de financiación, Alain Cuenca, dio ayer sus primeras impresiones de las reuniones preliminares que se han celebrado en Madrid. Como conclusión, ya advirtió de que la negociación no será nada fácil en la defensa de los criterios que defiende Aragón, puesto que según «un indicador de necesidad que se utiliza y que tiene un claro sesgo porque se concentra en Educación, Sanidad o Servicios Sociales, obviando otros factores también importantes como los desequilibrios territoriales o la accesibilidad, nuestra región sería la cuarta mejor financiada del país».

En cualquier caso, Cuenca insistió en que defenderá los motivos por los que la comunidad autónoma reclama que se tengan en cuenta otros parámetros, como el envejecimiento o la dispersión poblacional. «Lo que trataré de demostrar es que la prestación de los servicios públicos adquiridos por Aragón presenta características que la alejan de gozar de una posición privilegiada, algo que se probaría también si se midiesen correctamente las necesidades de gasto en este ámbito», sentenció el profesional.

Cuenca desveló a los grupos parlamentarios que forman parte de una comisión de estudio sobre el modelo de financiación autonómica, que hay un claro desequilibrio financiero entre el Estado y las comunidades autónomas, y que se ha agravado en los últimos años. Solo en el 2014 empezó a repuntar para beneficio de Aragón. Es decir, desde el 2010 se dotó de menos recursos a las comunidades autónomas, con una media cercana al 5%, que en el caso aragonés fue del 2,6%.

Este hecho, indicó, se ha comentado en el grupo de trabajo, si bien no existe consenso con los representantes estatales. El experto aragonés, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza, anunció además que el modelo planteado de negociación prevé que esta sea larga, y solo a principios del 2018 se pueda tener un modelo.

Sobre la insuficiencia financiera, «hay dos opciones: que el Estado les ceda una parte de sus recursos o que se haga una reforma fiscal en su beneficio, es decir, que esos fondos los aportasen los ciudadanos». Para evitar que continúen estos problemas de suficiencia, el economista expuso que las comunidades aumenten su autonomía fiscal o que puedan regular diferentes copagos de servicios o determinados tributos medioambientales.