El Ministerio de Defensa dio por finalizado ayer el proceso de liquidación y cierre definitivo de las instalaciones del acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, dos años después de anunciar sus planes en relación a esta infraestructura.
Según las previsiones anunciadas en pasadas fechas por el propio ministerio, el último día de marzo era el plazo establecido para el término de los trabajos realizados por las comisiones liquidadoras encargadas de llevar a cabo un proceso con el que se prevé un ahorro anual de 700.000 euros. Los más de 200 efectivos militares y civiles que desarrollaron su labor allí durante la última fase se marcharon el 1 de enero y las comisiones han estado supervisando el proceso de desmantelamiento.
Las previsiones iniciales del Ejército de Tierra son vender todo el conjunto de edificios y solares que conformaban el cuartel, un suelo no calificado como urbanizable que el Ayuntamiento de Huesca cedió a mediados del pasado siglo.
De hecho, el conjunto salió en fechas pasadas en la página web en la que el Ministerio de Defensa anuncia los procesos de venta y subasta de instalaciones desalojadas, aunque la presión política y social ejercida desde la capital altoaragonesa llevó a los responsables ministeriales a retirar el anuncio.
El cierre del acuartelamiento contó con la oposición inicial de la entonces alcaldesa popular Ana Alós, con apoyo de la DGA presidida por Rudi, e incluso se creó una plataforma específica contra el cierre. Pero ni estos apoyos ni el del actual alcalde socialista, Luis Felipe, han podido paralizar los planes de Defensa. Un proyecto que, se calcula, supondrá una merma económica anual de unos 8 millones de euros. El portavoz de CHA, David Félez, instó a Felipe a exigir la reversión de los suelos para algún fin social.
