En el contencioso administrativo, la universidad solicita que se condene al Gobierno de Aragón al pago de 52.010.919 euros, que considera la cantidad adeudada a la institución académica por el incumplimiento del acuerdo de financiación del 2011. Pero, además, solicita que el Ejecutivo satisfaga "los daños y perjuicios en los intereses que la Universidad de Zaragoza ha soportado por tener que acudir a la financiación a crédito para paliar la situación de iliquidez y que, a fecha de presentación de la demanda, se concretan en el importe de 3.165.555 euros". La universidad también pide que sea la DGA la que asuma el importe de las costas judiciales.
