La Fundación Nueva Cultura del Agua ha presentado un decálogo de propuestas dirigidas a todos los partidos políticos y a toda la ciudadanía para cambiar la política del agua en España. Estas propuestas pretenden garantizar el derecho humano al agua y el buen estado de los ecosistemas, a través de una gestión del agua sostenible, transparente y con participación real de la ciudadanía.
El colectivo parte de la base de que, pese a las exigencias de la Directiva Marco del Agua, la gestión sigue anclada en satisfacer unas demandas crecientes, sobre todo agrarias, a través de obras hidráulicas como embalses y trasvases que ocasionan "un enorme impacto ambiental y además dan lugar a importantes conflictos sociales en los territorios afectados". Esto ha tenido como consecuencia la "degradación de buena parte de nuestros ríos, acuíferos y paisajes del agua". Por otra parte, la fundación también alude a los procesos generalizados de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento, que "amenazan el derecho humano a un servicio tan básico como el agua potable".
LA DEMANDA
Ante este punto de partida, la Fundación Nueva Cultura ha presentado propuestas que incluyen medidas concretas en la gestión del abastecimiento urbano y el saneamiento, además de la necesidad de centrarse en la gestión de la demanda urbana e industrial, con medidas de ahorro y de reserva de las aguas de mayor calidad al abastecimiento urbano, así como de la demanda agraria, donde se propone mantener Inventarios de Regadíos actualizados y transparentes, auditorías al regadío y planes de apoyo al secano, entre otras actuaciones.
Se incluyen asimismo propuestas para avanzar hacia la sostenibilidad en los territorios afectados por obras hidráulicas y trasvases, con la paralización de las obras hidráulicas en conflicto y la elaboración participativa de hojas de ruta hacia la sostenibilidad en las cuencas implicadas en los principales trasvases, como el Tajo-Segura. El decálogo contiene también otro tipo de propuestas, como las relativas a los recursos no convencionales, la gestión del riesgo frente a inundaciones y sequías y la transparencia y participación real de los ciudadanos.
