Decepción. Con este sentimiento salieron ayer los amigos de José Luis Iranzo, uno de lo tres asesinados por Igor el Ruso en Albalate del Arzobispo, del despacho del subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero. Sobre su mesa dejaron un documento con más de 32 preguntas que pidieron que contestara, si bien el responsable del Ejecutivo central en esta provincia señaló que muchas de ellas no podía responderlas porque la investigación judicial continúa bajo secreto de sumario y no era conveniente revelar determinados datos. No por ello está eximido de hacerlo, ya que este colectivo le advirtió que en el momento en el que el juzgado levante esta circunstancia tendrá que hacerlo.
Así lo señaló a este diario uno de los amigos de Iranzo, quien lamentó la situación de inseguridad que se vive en el medio rural aragonés y, especialmente, en el Bajo Aragón. Recordó que antes de que murieran un 15 de diciembre los dos guardias civiles (Víctor Jesús Romero y Víctor Caballero) y el ganadero José Luis Iranzo, diez días antes otras dos personas «pudieron haber muerto» tras ser tiroteados por Igor el Ruso. «Hemos exigido más Guardia Civil y más medios para que estos puedan desarrollar las investigaciones de forma correcta», aseguró uno de los portavoces de este colectivo que estudia convertirse en una asociación. Ante esta demanda, según el sector cercano a Iranzo, el subdelegado del Gobierno en Teruel les ha reconocido que el número de efectivos (faltan 200 agentes según la Asociación Unificada de la Guardia Civil) responde a una situación de crisis económica, pero que aumentará el número de miembros. De hecho, ayer, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, señaló que va a pedir una reunión con el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, para hablar de la necesidad de tener una mayor dotación de personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el medio rural. «Espero que el delegado sea sensible a las demandas ciudadanas».
Durante las más de tres horas de reunión, los amigos de Iranzo también le exigieron explicaciones al subdelegado del Gobierno en Teruel sobre sus declaraciones relacionadas sobre el conocimiento que tenían los investigadores sobre la peligrosidad del sospechoso e incluso sobre sus declaraciones en las que afirmó que los vecinos de la zona de Albalate del Arzobispo «recibieron comunicaciones de que era peligroso realizar actividades como recoger olivas o la caza». Ante ello, el subdelegado en Teruel insistió, según los amigos de Iranzo, que «no se conocía a quién se estaba buscando» y que sus palabras en lo que respecta a dicho llamamiento ciudadano pudo ser una mala interpretación.
