La investigación judicial sacará a la luz argumentos que ya expusieron en el salón de plenos de Zaragoza los técnicos responsables de la ejecución del tranvía. Entre ellos, uno de los que ahora están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 y la Fiscalía Anticorrupción, el ingeniero que firmaba las certificaciones de obra, Francisco Calvo-Manzano. Explicaciones que obran en poder del consistorio y que aclaran el porqué de los trabajos no ejecutados en la plaza Paraíso y de España, o el de las cocheras de Parque Goya que fundamentan la denuncia. Cambios sobrevenidos, explican, que obedecían a decisiones políticas y que no eran achacables a la UTE constructora FCC-Acciona, o a la sociedad Los Tranvías.

En ese contexto destaca la decisión de no cortar al tráfico los tramos de Vía Ibérica y los paseos de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Según establecía el proyecto, deberían haberse cerrado por completo pero se decidió dejar siempre una calzada habilitada para acceder al centro. Fueron 93.561 euros de peaje por el gasto adicional.

Como el carril bici del Actur que, por petición vecinal, pasó de ser de 1,80 metros de anchura y unidireccional a tener 2,8 y bidireccional. Supuso 193.491 euros más a descontar de otras actuaciones. O los semáforos intermitentes en la traza del tranvía, otros 95.307. O la tubería de agua que, "por decisión municipal", dicen, decidió realizarse entre el Actur y el puente de La Almozara aprovechando una renovación de la red que sí estaba en el proyecto. Supuso 686.670 euros. Todo elevaba la factura a 1.069.029 euros.

También se recuerdan en la documentación polémicas como la afección al túnel ferroviario de la estación de Goya que obligo a impermeabilizar la losa de hormigón. O el punto de información de Gran Vía, que no lo contemplaba el proyecto; o el aliviadero de aguas pluviales en la plaza Toulouse; o la obra civil en la toma de corriente de la de San Francisco; o los aseos al final de la línea y los trabajos en la subestación eléctrica de plaza Paraíso. De estas no se ha dado valoración económica alguna, pero deben tener igualmente reflejo en la polémica certificación 41.